Canarias advierte de la «incertidumbre» con la que entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), especialmente en lo referido a la atención de los menores migrantes no acompañados y a la figura del representante que deberá acompañarlos desde el primer momento. El nuevo marco europeo, que comenzó a aplicarse este viernes, endurece la política migratoria de la UE con más controles en frontera, procedimientos acelerados de asilo y un refuerzo de los retornos, en paralelo al avance de medidas que permitirán centros de deportación en terceros países.
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, sostuvo que el PEMA «no introduce cambios» sustanciales «en cuanto a lo que es la redistribución» ni, sobre todo, en «la atención a los menores», que considera «el ámbito en el que menos interviene». El Ejecutivo autonómico, sin embargo, mantiene abiertas numerosas dudas sobre cómo se aplicará el pacto en las islas, una de las principales puertas de entrada migratoria a España y con el sistema de acogida de menores sometido a una fuerte presión.
Candil señaló que el pacto «habla de la introducción incluso de un representante del menor que debería estar presente desde el minuto uno en la atención», pero advirtió de que Canarias no sabe aún «quiénes van a ser esos representantes» ni «cómo se van a nombrar». El viceconsejero explicó que tampoco se ha aclarado si esa función recaerá en «una entidad del tercer sector» o en otra figura específica, y recordó que el propio texto europeo exige evitar conflictos de intereses entre quienes representen al menor y quienes gestionen los recursos de acogida.

El pacto señala que el menor migrante solo debe estar acompañado por representante «desde el minuto uno en la atención»

«Hay mucha incertidumbre», resumió Candil, que aseguró que el Gobierno canario ya trasladó su posición sobre las dudas que suscita la aplicación del PEMA sin haber recibido respuesta.

«Seguimos esperando que se convoque alguna conferencia sectorial», añadió el viceconsejero, que lamentó que, pese al tiempo transcurrido desde la última reunión, «no ha habido ningún cambio de posición» ni nuevas explicaciones por parte del Estado sobre el despliegue práctico del pacto.

La entrada en vigor del PEMA se produce en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria europea, con procedimientos más rápidos en frontera para determinadas solicitudes de asilo y un sistema de solidaridad entre Estados miembros que combina reubicaciones y aportaciones económicas.
Canarias, además, como ha expresado el presidente regional, Fernando Clavijo, en varias ocasiones, teme covertirse en una «cárcel» ara las personas migrantes, al alargar el período en el que pueden estar custodiadas hasta seis meses. No obstante, ese tiempo no tiene que transcurrir en las islas, y la previsión de Interior es continuar con los traslados a la península como hasta ahora.