Con un 55% de los votos en contra y un 45% a favor, los suizos rechazaron este domingo en referéndum la iniciativa para establecer un límite de población y prohibir por ley que los actualmente 9,1 millones de habitantes superen los 10 millones antes de 2050. Si hubiese triunfado el sí, habría sido necesario restringir la reunificación familiar y negar provisionalmente a los solicitantes de asilo admitidos el derecho a permanecer en el país.

Los socialdemócratas hablan de una «victoria histórica para una Suiza abierta» y en la UE se respira con cierto alivio, porque con menos de 10 millones de habitantes se tendría también que expulsar población residente permanente y rescindir el Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas con la Unión Europea, que desde 2002 otorga a los ciudadanos comunitarios acceso no discriminatorio al mercado laboral suizo y viceversa.

El referéndum permite ver, sin embargo, el alto porcentaje de personas de acuerdo con una iniciativa presentada por el nacionalista Partido Popular Suizo (SVP), casi la mitad del electorado, así como una enconada división entre el voto urbano y el voto rural. En ciudades como Basilea y Zúrich, una clara mayoría votó en contra de la propuesta, mientras que en cantones rurales de habla alemana – como Schwyz – recibió el apoyo necesario.

La democracia directa permite a los suizos pronunciarse a menudo en referéndum sobre casi cualquier asunto, desde la sustitución del servicio militar obligatorio masculino por otro cívico universal, rechazada en 2025, hasta el establecimiento de subvenciones a los ganaderos que críen a sus animales con cuernos, que durante meses mantuvo un vivo debate público sobre la importancia filosófica, económica y ética de las astas de las vacas.

Ya sean aprobadas las propuestas – como la prohibición de minaretes en las mezquitas en 2009 – o rechazadas – como la renta básica universal en 2016 – , lo cierto es que estas votaciones y los precedentes debates ejercen una reconocida influencia en la política del resto de países europeos porque ponen sobre la mesa argumentos sobre asuntos que en otras democracias no escalan hasta la agenda legislativa. Basta con que un ciudadano suizo tenga una idea y recoja 100.000 firmas en un plazo de 18 meses para que el país la vote en referéndum.

En este caso, el SVP catalizó en un referéndum el malestar que la inmigración está causando entre la población del país helvético aunque tenga una procedencia europea, contrato de trabajo y un nivel adquisitivo incluso por encima de la media. Estos extranjeros, según la formación nacionalista, ejercen presión sobre la vivienda, las infraestructuras, el transporte y el medio ambiente, además de hablar mayoritariamente inglés, en lugar de francés o alemán, que son los dos idiomas oficiales en Suiza. La votación fue presentada en campaña como una «iniciativa de sostenibilidad».

El resto de los partidos políticos, así como las organizaciones empresariales y los sindicatos, se habían opuesto frontalmente a la propuesta y habían lanzado una intensa campaña a favor del no, argumentando que una medida de este tipo pondría en peligro la economía suiza, que depende en gran parte de trabajadores extranjeros cualificados, y forzaría una ola de salidas de empresas del país. Temían incluso un caos en el sistema sanitario, en el que trabajan 40.000 médicos extranjeros y 20.000 enfermeros de otras nacionalidades.

La participación electoral en los 24 cantones osciló entre el 50% y más del 65%, una de las diez mayores desde la introducción del sufragio femenino en 1971, según el politólogo Lukas Golder, de la empresa demoscópica GFS Bern. «Se puede decir que es la primera vez que tenemos una supermovilización en esta legislatura», dice, y la atribuye al «alto nivel de emocionalización en una situación geopolíticamente incierta y a las elevadas cantidades de dinero invertidas en la campaña, un punto muy decisivo para la interpretación del resultado».

Esta alta participación, junto con la polarización que se advierte en el resultado, demuestra que muchos suizos perciben la inmigración como una amenaza, a pesar de las particulares características que adquiere en este país, y sugiere que esa percepción ha de ser tenida en cuenta. Desde el cambio de milenio, la población en Suiza ha crecido en 1,7 millones de personas, alrededor de una cuarta parte, y los extranjeros representan ya alrededor del 27% del total, la mayoría procedentes de Italia, Alemania y Portugal.

Marcel Dettling, presidente del SVP, calificó la votación como «un duro golpe para Suiza» y llamó a seguir la lucha y «desplazarla en adelante hacia las relaciones con la UE», advirtiendo que «es importante evitar la expansión de la libre circulación de personas a toda costa dentro del marco del nuevo paquete de tratados con la UE que está sobre la mesa».

¿Puede un país establecer un límite legal a su propia población? Y en caso afirmativo, ¿cómo se hace? Las encuestas previas a la votación demostraban que, para los indecisos, resultaba clave la respuesta a cómo funcionaría exactamente ese tope, algo que el SVP no llegó a especificar en campaña. El único caso conocido es China, que durante décadas impuso su política de hijo único. La propuesta sometida a referéndum establecía obligar al Gobierno a tomar medidas en cuanto la población suiza llegase a 9,5 millones, empezando por limitar el asilo y eliminar la reagrupación familiar, siguiendo por cancelar el Acuerdo de Libre Circulación con la UE y dejando abierto cómo seguiría el proceso una vez que los afectados fuesen los habitantes de nacionalidad suiza. Esta posibilidad es sin embargo lejana, porque más del 20% de los suizos tienen más de 65 años. En 2025, por primera vez, hubo más mayores de 65 que menores de 20.