Mientras Belfast acumulaba dos noches de disturbios racistas, con coches en llamas y ultraderechistas encapuchados tratando de asaltar un hotel que aloja a solicitantes de asilo, el papa León XIV escuchaba ayer a 3.000 kilómetros, en el muelle de Arguineguín, los testimonios de migrantes que sobrevivieron a la ruta canaria. La migración marca la semana en Europa y desde hoy se gestiona con otras reglas en el seno de la Unión Europea.

En concreto, hoy entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, dos años después de su aprobación definitiva. El proyecto comunitario, nacido al calor del principio de apertura y libre circulación, consolida así una arquitectura centrada en la «seguridad» y el control, que se ha ido diseñando desde la llegada de refugiados de 2015.

La agencia de fronteras Frontex es parte de ese entramado, igual que las devoluciones, la vigilancia y los acuerdos con terceros países como Turquía, Túnez, Egipto, Mauritania y Marruecos para que «vigilen» sus fronteras e impidan a toda costa la llegada personas a las playas de la UE.

La semana pasada se sumó la última pieza, el acuerdo político sobre el Reglamento de Retornos, una herramienta de deportación que permitirá enviar a los expulsados a centros en terceros países con los que no tienen vínculo, detenerlos hasta 24 meses, también a familias con niños y menores no acompañados, y sancionar con cárcel a quienes no «cooperen activamente» con su expulsión.

¿Y QUÉ CAMBIA DESDE HOY?
El Pacto es un paquete de nueve reglamentos y una directiva que abarca el proceso migratorio y se asienta sobre el blindaje de las fronteras exteriores. Cualquier persona que cruce de forma irregular será identificada en un máximo de siete días y registrada en Eurodac, la base de datos de huellas dactilares que pasará a almacenar también imágenes faciales y que rebaja la edad mínima de la biometría de los 14 a los 6 años.

Después se activa un procedimiento exprés de 12 semanas que incluye el examen de la solicitud de asilo y, si se deniega, la misma resolución abre la puerta a la expulsión. Ese canal rápido será obligatorio para quienes supongan un «riesgo para la seguridad» o procedan de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20%, y durante todo el proceso la persona no se considerará jurídicamente en territorio europeo aunque lo pise.

Otra novedad es el mecanismo de solidaridad obligatoria con los países bajo presión migratoria, hoy el Estado español, Italia, Grecia y Chipre. De esta manera, los Veintisiete deberán contribuir, pero la norma les deja elegir cómo. Reubicar migrantes en su territorio, prestar apoyo operativo o pagar 20.000 euros por cada persona que les correspondería acoger. Es decir, la acogida tiene precio y el Estado que pueda pagar podrá hacerlo.

Las contribuciones propuestas para este año ya retratan el resultado, teniendo en cuenta que hay más Gobiernos dispuestos a pagar que a acoger personas. Hungría y Eslovaquia, además, no se han comprometido a nada.

El Pacto es la traducción jurídica de una década de giro a la derecha en las capitales europeas. Alemania, que en 2015 abrió sus puertas a más de un millón de refugiados, se encuentra hoy en el ala dura. En Países Bajos, la agenda la marcó el ultra Geert Wilders, en Italia gobierna Giorgia Meloni y en el Estado francés se legisla bajo presión de Marine Le Pen. Belfast queda fuera de la UE, pero la Europa que impulsan los ultras ya tiene quien la escuche a este lado de la frontera.