Un total de

86 oficinas de Correos en Andalucía

colaboran desde el pasado 20 de abril en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes, tras la aprobación del Real Decreto 316/2026 publicado en el BOE el 15 de abril de 2026, que regula este procedimiento. Esta medida está dirigida a personas en situación administrativa irregular y

solicitantes de protección internacional

que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses.

Según ha informado Correos en una nota, de este modo, "deberán

carecer de antecedentes penales

y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública". Hasta el 30 de junio, estas oficinas, ubicadas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, permiten la presentación presencial de solicitudes de regularización. Para ello, es imprescindible obtener previamente cita a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – – donde puede consultarse toda la información – – o llamando al

teléfono 060.

Una vez obtenida, las personas interesadas podrán presentar su solicitud junto con la

documentación requerida en las oficinas habilitadas.

Las oficinas de Correos habilitadas para este proceso han sido seleccionadas en coordinación con el Ministerio, teniendo en cuenta las estimaciones de demanda y las necesidades en materia de extranjería en cada provincia. Asimismo, los

profesionales de Correos

que participan en este procedimiento han recibido formación específica para "garantizar una

atención adecuad

a, incluida la posibilidad de actuar en representación de los interesados en la tramitación de sus solicitudes".

El proceso se enmarca en la prestación de los

Servicios de Interés Económico General (SIEG)

asignados a Correos tras la modificación de la Ley Postal aprobada en julio de 2025, así como en el contrato – programa que forma parte del desarrollo de dicha reforma, aprobado el pasado 2 de junio. En este contexto, la normativa reconoce a Correos como instrumento “idóneo” de la Administración General del Estado para “garantizar la prestación de estos servicios a toda la ciudadanía”.

Por último, con esta iniciativa, Correos refuerza su contribución a la cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público, en línea con su misión de servicio público y con los objetivos recogidos en su

Plan Estratégico 2024 – 2028.