Madrid
La Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada hoy en la apertura del Año Judicial, advierte de las dificultades de los fiscales para investigar el tráfico de cayucos que llegan a Canarias, que navegan sin un patrón definido y transportan inmigrantes sin ningún tipo de documentación.

La Fiscalía General del Estado cita el informe de la Fiscalía de Tenerife, que relata cómo las embarcaciones que arriban desde Mauritania no cuentan con un patrón oficial, sino que dos o tres personas del pasaje, a las que se les ha reducido el precio del embarque, se turnan en el gobierno de la nave.

Para ello se sirven de un aparato GPS que tiene grabado el rumbo hacia las islas de Tenerife o de Gran Canaria.

Según explica la Fiscalía, es por medio del análisis de esos aparatos cómo se ha deducido el punto de partida de los cayucos.

Además de esos problemas para la investigación penal, la Fiscalía señala que los inmigrantes no portan documentación y “difícilmente dan razón de su procedencia ni refieren su lengua materna”, por lo que se ignora su país de origen, vence el plazo máximo de internamiento y son puestos el libertad, "sin residencia legal y sin posibilidad e desarrollar un trabajo conforme a la legislación vigente.

Junto a esta cuestión, gran número de fiscalías destacan también el difícil abordaje del problema de los menores extranjeros no acompañados.

Según apuntan, los movimientos migratorios de estos menores se están incrementando y continúan sin resolverse satisfactoriamente problemas relacionados con la determinación de la edad, el registro de estos chicos, las fugas de los centros de protección y las repatriaciones y reagrupaciones familiares, que no se ejecutan.

“Las fugas son una constante” y, según la Fiscalía del País Vasco, el tiempo promedio de estancia en los centros de estos menores es de 2,6 meses.

En el apartado de delitos cometidos por extranjeros, se incluye la preocupación de las fiscalías por la criminalidad asociada a la prostitución.

Según explica la Fiscalía de Pontevedra, las organizaciones que traen y controlan en España a esas mujeres tienen todas las características de las mafias, y, tal como relata la Fiscalía de Palencia, las investigaciones policiales tropiezan con el silencio y la negativa de las víctimas a formular denuncias por el miedo a represalias.

No temen sólo por ellas mismas, sino también por los familiares que han dejado en sus países de origen y cuya seguridad no puede ser garantizada.

Los casos, como apunta la Fiscalía de Huelva, no llegan a los juzgados por los “innumerables problemas de prueba”, por lo que los operativos policiales se saldan, la mayoría de las veces, con la expulsión de las ciudadanas extranjeras.

En el ámbito laboral, la Fiscalía de Andalucía resalta la aparición de trabajadores en situación irregular que son sometidos a situación de “explotación” y que, en ocasiones, son víctimas de graves accidentes laborales, con resultado en ocasiones mortal, y con indicios de haber sido sometidos a coacción para evitar su declaración en la investigación judicial.

Por otra parte, la Memoria hace también referencia en un apartado a los matrimonios de conveniencia.

Según denuncia la Fiscalía de Guipúzcoa, “la situación es problemática, puesto que cada vez resultan más patentes los matrimonios de conveniencia con la finalidad de obtener la residencia o de impedir que se proceda a una expulsión administrativa”.