Representantes del colectivo Etxebizitza Sindikatu Sozialista han denunciado este lunes la presencia de hasta dos empresas de desokupación en el barrio de Dunboa y en las últimas semanas. Según ha indicado Adrián, que ha ejercido como portavoz del colectivo, en ambos casos han sido los propietarios de las viviendas quienes han contratado a estas empresas «y en ninguno de los casos se trata de okupas. Es una expresión que han querido usar para tratar de deshumanizar a dos familias del barrio».

Adrián ha narrado cómo fueron los hechos en la primera visita de Desokupa CyL ha la primera de las familias con la amenaza de volver el 5 de mayo si no se marchaban. No lo hicieron el 5, sino el 28 a mediodía, «y durante todo ese tiempo estuvieron mandando mensajes de amenazas a la familia, una pareja con un hijo de 8 años».

En ambos casos la empresa se encontró con la oposición del vecindario del bloque y de los miembros de Etxebizitza Sindikatu Sozialista. «Ante la respeusta organizada se amedrentan», ha señalado Adrián. «Dijeron que iban a volver ese día a las tres y medio centenar de personas se reunió para defender a la familia, pero vimos en su redes sociales que ya se encontraban en un restaurante en Burgos».

En el segundo caso, la semana pasada, la empresa contratada fue Horus Desokupa. «También en esta ocasión los vecinos hicieron frente a los desokupas, que huyeron pero prometieron volver dentro de unas semanas. Por tanto, seguimos expuestos al riesgo de nuevas apariciones de Desokupa en el barrio». ha denunciado estas empresas como «herramientas de difusión de ideas fascistas», ha subrayado la «responsabilidad de los propietarios, que contratan y financian a estas empresas», indicando el componente «racista, estafador y explotador» en uno de los casos. Por último, ha destacado la respuesta organizada como mecanismo de respuesta. «Desistid», ha dicho Adrián dirigiéndose a las empresas. «Estas familias cuentan con el apoyo y la solidaridad de sus vecinos. Y si volvéis estaremos preparados».

El padre de la primera de las familias que han sido visitadas por Desokupa, Youssef, ha participado en la comparecencia para explicar que su familia reside en esa vivienda «desde diciembre de 2019, sin contrato. Hemos pagado todos los meses nuestro alquiler y nuestros gastos». No podía ser de otra manera porque, según ha asegurado, su casero era también su jefe, que le descontaba las cuantías correspondientes de un salario que también percibía de manera no regulada.

Señaló que el problema vino cuando le pidieron regularizar el alquiler con un contrato y pagos por cuenta bancaria; que ante las amenazas con las que les respondió, le remitió un burofax para hacer constar formalmente la petición de regularizar el alquiler y «le insistí en un número de cuenta en el que pagarle, pero no quiso darme». La respuesta fue «un acoso que no se detiene. Nos dio de baja el empadronamiento y por suerte nos dimos cuenta y lo recuperamos con el Ayuntamiento. Nos bajó la potencia de la luz al mínimo y no sabíamos por qué no funcionaba, pensamos que era una avería y llevamos un electricista. Hemos cambiado a otra compañía y puesto a mi nombre. Nos cortó el agua, pero lo pudimos recuperar gracias a la comunidad de los vecinos».

La familia llevó el acoso ante la Ertzaintza «y entonces llegó lo de Desokupa». Youssef ha asegurado que están intentando cambiar de vivienda, «pero no es fácil encontrar piso en Irun. Mientras, queremos pagarle, pero no nos deja hacerlo legalmente. Es una persona que no respeta las normas ni las leyes, no quiere resolver la situación de una manera legal».

La comparecencia fue en la calle, con medio centenar de personas apoyando a Youssef. Al término de la misma, una mujer, acompañada de otra y un varón, se acercó a recriminar la versión ofrecida. No se identificó ni explicó su relación con el caso y aunque discutió con una vecina de Youssef y con miembros del colectivo, no hubo más incidente que el intercambio de pareceres.

La Asociación de Vecinos de Dunboa, ante el intento de desokupación del que ha tenido constancia, ha hecho público su posicionamiento «en defensa de la convivencia y del respeto a la legalidad. Rechazamos cualquier actuación que implique coacciones, intimidación o presión hacia los vecinos, independientemente del conflicto existente entre propietarios e inquilinos. Las desocupaciones solo pueden realizarse mediante los procedimientos legales establecidos, nunca por vías privadas que generen tensión o inseguridad en el barrio».

La AVV ha asegurado que ha podido «verificar que la familia está al corriente de los pagos y que ha querido regularizar su situación con un contrato». Sin embargo, también deja claro que como entidad apolítica «no podemos respaldar comunicados que utilicen calificativos ideológicos o insultos hacia empresas, propietarios o colectivos. Nuestro deber es proteger la convivencia, no contribuir a la polarización». Subrayando que «no todos los casos son iguales; no todos los inquilinos ni todos los propietarios actúan del mismo modo» piden que «cada conflicto se analice con rigor, sin generalizaciones ni estigmatizaciones».

En este caso, han solicitado a las partes implicadas «que eviten recurrir a empresas que empleen métodos intimidatorios, que utilicen los canales legales y administrativos disponibles y que prioricen el diálogo y la mediación institucional». La asociación ha afirmado que seguirá «trabajando para garantizar un barrio seguro, respetuoso y cohesionado, donde los conflictos se resuelvan sin violencia ni presiones».

La AVV ha asegurado que ha podido «verificar que la familia está al corriente de los pagos y que ha querido regularizar su situación con un contrato». Sin embargo, también deja claro que como entidad apolítica «no podemos respaldar comunicados que utilicen calificativos ideológicos o insultos hacia empresas, propietarios o colectivos. Nuestro deber es proteger la convivencia, no contribuir a la polarización». Subrayando que «no todos los casos son iguales; no todos los inquilinos ni todos los propietarios actúan del mismo modo» piden que «cada conflicto se analice con rigor, sin generalizaciones ni estigmatizaciones».

En este caso, han solicitado a las partes implicadas «que eviten recurrir a empresas que empleen métodos intimidatorios, que utilicen los canales legales y administrativos disponibles y que prioricen el diálogo y la mediación institucional». La asociación ha afirmado que seguirá «trabajando para garantizar un barrio seguro, respetuoso y cohesionado, donde los conflictos se resuelvan sin violencia ni presiones».

En este caso, han solicitado a las partes implicadas «que eviten recurrir a empresas que empleen métodos intimidatorios, que utilicen los canales legales y administrativos disponibles y que prioricen el diálogo y la mediación institucional». La asociación ha afirmado que seguirá «trabajando para garantizar un barrio seguro, respetuoso y cohesionado, donde los conflictos se resuelvan sin violencia ni presiones».