Una persona migrante recibe una citación para acudir a comisaría. Le dicen que tiene que recoger documentación, resolver algún trámite pendiente o avanzar en un expediente del que depende poder formalizar su situación en España. Acude porque necesita esos papeles por los que lleva meses esperando. Nada le hace sospechar que, al llegar, pueda encontrarse con una orden de expulsión exprés.

La plataforma Stop Deportación alerta de que el próximo miércoles 10 de junio está previsto un vuelo de deportación con destino a Colombia y Perú y advierte de que, en los días previos a estas operaciones, suelen multiplicarse las llamadas citas trampa. Según denuncia el colectivo, se trata de comunicaciones oficiales en las que se convoca a una persona para resolver cuestiones relacionadas con su expediente, una solicitud de asilo o la recogida de documentación. “Al llegar a comisaría, sin embargo, se dan cuenta de que no es cierto. Les quitan el pasaporte y ponen en marcha una orden de expulsión”, apunta Silvana Cabrera de Regularización Ya.

14
“A partir de aquí, la persona puede ser deportada mediante una expulsión exprés, dentro del marco de las 72 horas de detención, o trasladada a un CIE por un máximo de 60 días. Las expulsiones exprés en muchas ocasiones carecen de garantías jurídicas, como el derecho a un intérprete o a asistencia letrada. Por tanto, se vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, incluyendo el derecho al recurso”, explican desde Novact.

Relacionado con este tema
Entre las trabas para regularizarse y el peligro de ser deportados: la realidad de los migrantes en los CIE
Laura Anido

Varias mujeres sujetan carteles con forma de paloma en el que se lee: ‘CIEs no, libertad’ durante una marcha.

Las personas con expedientes de expulsión abiertos o con órdenes firmes son especialmente vulnerables a este tipo de actuaciones. “Es lógico que, cuando una persona recibe una comunicación oficial de la Policía de que por fin tiene NIE, confíe y acuda a comisaría. Son personas vulnerables y que necesitan esos documentos. Es increíble la impunidad con la que actúan las autoridades y que el Ministerio de Interior lo permita”, denuncia Silvana Cabrera de Regularización Ya.

Una práctica que, según denuncia, se ha agravado desde el inicio del proceso extraordinario de regularización. “Las paradas por perfil racial se han incrementado de forma desmedida prácticamente desde que comenzó la regularización”, asegura Cabrera. Según explica, los primeros indicios aparecieron ya en las colas de personas que acudían a solicitar certificados de vulnerabilidad. “Había numerosas furgonetas policiales frente a las entidades”, recuerda.

Por su parte, el Ministerio de Interior ha señalado a Público que este tipo de actuaciones “no existen” y, que por lo tanto, no existen instrucciones desde el Gobierno para que no se lleven a cabo citas trampa.

El Defensor del Pueblo ya pedía en 2021 que se garantizase que las personas extranjeras en situación administrativa irregular pudieran acudir a comisarías para realizar trámites o denunciar delitos sin temor a que se iniciaran procedimientos de expulsión. En aquel entonces, la institución alertaba de que varios ciudadanos extranjeros habían sido objeto de expedientes sancionadores al acudir a dependencias policiales para gestiones relacionadas con la escolarización de sus hijos, el acceso a la sanidad o la renovación de documentación.

Relacionado con este tema
El Defensor del Pueblo pide a la Policía que no expulse a migrantes en proceso de regularización
Laura Anido

Varias pancartas en una concentración para exigir la regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Además, hace unos días, Ángel Gabilondo pidió a la Policía que, mientras esté abierto el actual proceso extraordinario de regularización, no deberían emitirse órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros sin antecedentes penales cuando el único motivo sea encontrarse en situación administrativa irregular.

Deportado a 400 km de su casa tras una ‘cita trampa’
Desde Novact apuntan que el caso más reciente e ilustrativo de estas prácticas es el de Abdou Ngom, un joven senegalés de 30 años que llegó a España hace cinco. Se afincó en Catalunya, donde trabajó en condiciones precarias y pasó temporadas durmiendo en la calle y en el instituto B9 de Badalona. Fue durante el desalojo del B9 cuando conoció a Àngela Valeiras, una médica jubilada que decidió ayudarle dándole alojamiento temporal. Ella también le ayudó con trámites administrativos para acogerse a la regularización ya que cumplía los requisitos necesarios y estaba a la espera del informe de vulnerabilidad para presentar su solicitud.

Relacionado con este tema
De repartir ‘La Farola’ a ‘El caso Asunta’: este proyecto da trabajo a migrantes en algunas de las mejores series españolas
Laura Anido

Abou en su puesto de trabajo
Sin embargo, todo se truncó hace unas semanas a raíz de una cita trampa. Sobre él pesaba una orden de expulsión y como medida de control administrativo debía acudir semanalmente a comisaría, algo que siempre cumplió. Hasta que en una de esas rutinarias citas lo detuvieron para ejecutar su expulsión.

Su abogada trató de paralizar el procedimiento alegando su situación de vulnerabilidad y que estaba en proceso de regularización, pero no fue suficiente para las autoridades. Abdou fue deportado a Senegal en menos de 72 horas y sin posibilidad de contactar con su abogada antes de que se ejecutara la expulsión. Aterrizó en Dakar con la ropa que llevaba puesta y sin dinero, a más de 400 kilómetros de su pueblo natal.

La plataforma Novact denuncia que casos como este suponen una “vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la vida familiar, a la integridad física y moral y a la tutela judicial efectiva, todos ellos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

“El hecho de que una persona pueda ser detenida y deportada por encontrarse en situación administrativa irregular nos habla de una discriminación sistemática”, señalan. Para la entidad, que se sigan realizando controles policiales basados en el perfil racial y citas trampa en pleno proceso de regularización “evidencia dinámicas institucionales que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas”.