Hay atajos inaceptables en la política migratoria, y concesiones a la extrema derecha que ponen en peligro los valores de hospitalidad y respeto de los derechos humanos que a Europa le gusta exhibir. El acuerdo alcanzado esta semana en Bruselas por la Eurocámara, los Estados miembros y la Comisión contempla poder enviar a solicitantes de asilo que hayan visto denegada su demanda a centros fuera del territorio de la UE. Tal como se ha negociado, con el apoyo de la derecha radical, y tal como pretende aplicarse, sin que parezca garantizada la protección de los derechos de los expulsados, la medida suscita demasiados interrogantes, tanto sobre su eficacia como sobre todo su legalidad. El derecho de cualquier ser humano a tener derechos es inalienable, y Europa nunca debería abrir la puerta sin más a que haya inmigrantes que acaben en limbos legales fuera de cualquier protección.

La Unión Europa vive todavía bajo el impacto de la llegada en 2015 de más de un millón de refugiados que en gran parte huían de las guerras en Siria y Afganistán, y aquella inmigración tuvo un efecto innegable en el tejido social y en el paisaje político. Desde hace unos años, la mezcla de temores reales y miedos azuzados por los demagogos tensa las sociedades y fomenta la polarización.

Fue un momento definitorio que actuó como un acelerador para los radicales y ha conducido a un endurecimiento del control de las fronteras y a la construcción de vallas, muros y excepciones legales. Los gobiernos saben que, aunque fuese desde un punto de vista únicamente utilitario, los inmigrantes son necesarios para nuestras economías y sociedades. Al mismo tiempo, afrontan la inquietud de una parte de la ciudadanía que acaba alimentando a los populistas, y en algunas capitales la parálisis o el pánico llevan a tomar decisiones poco meditadas.

El nuevo reglamento de la UE, pensado para forzar la salida de extranjeros sin derecho legal a seguir en Europa, es la última pieza del Pacto Migratorio y de Asilo negociado durante esta década. Prevé, entre otros puntos, expulsar a estas personas a centros lejos de Europa donde permanecerían detenidos hasta poder regresar a sus países de origen. Los primeros intentos en Europa de crear una estructura similar, como los de Italia para enviar a inmigrantes a Albania o Reino Unido a Ruanda, resultaron fallidos. El primer problema de la medida es logístico. ¿Qué países acogerán a los expulsados y cómo y con qué medios se trasladarán? ¿Cuánto tiempo pasarán allí? ¿Cómo se financiará la operación? El segundo problema es jurídico: la posibilidad de enviar a personas dotadas de derechos fundamentales a lugares y en condiciones que podrían vulnerar las propias normas europeas.

En iniciativas como esta, pactada con la extrema derecha, es inevitable la sombra de Donald Trump y sus deportaciones arbitrarias y violentas. La UE dispone sobre el papel de las protecciones necesarias, y no opera ninguna ICE en Düsseldorf, Estocolmo o Dijon, pero los riesgos de una deriva no son despreciables. “La creación de ‘centros de retorno’ solo sería compatible con la ley de la UE si estuviese acompañada de salvaguardas claras y robustas”, ha señalado la Agencia europea para los derechos fundamentales, pero hoy estas salvaguardas no están garantizadas.

Los defensores del plan esgrimen que solo un 28% de migrantes que han visto rechazada la petición de asilo regresan a su país de origen, y que Europa, como cualquier territorio soberano, dispondrá ahora “un mayor control sobre quién puede entrar y quién debe marcharse”, como argumenta el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. También confían en que la iniciativa tenga un efecto disuasorio para quienes piensa emigrar a Europa sin papeles o sin cumplir las condiciones para quedarse como refugiados. El trasfondo es el éxito electoral de una extrema derecha propulsada por el miedo al extranjero, lo que León XIV describió el sábado en Madrid como “esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”.

Tan irresponsable es imitar las políticas de la extrema derecha —un camino que muchas veces termina impulsando a los extremistas— como lo es eludir el control de las fronteras o las políticas de integración. Que la inmigración supone un beneficio para la economía y la sociedad en su conjunto se ha visto estos años en España, y la reciente regulación es una constatación del éxito de este modelo. Europa necesita un mínimo común, una base que no transija en lo esencial, y esta es la protección de sus ciudadanos, incluidos los extranjeros.

La medida para aumentar las expulsiones, tal vez a países africanos o asiáticos con los que los migrantes no tienen vínculos, plantea otra cuestión de fondo, y es si los europeos pueden externalizar su política migratoria a otros países, algunos lejos de los baremos de democracia y respeto de los derechos humanos. Por eso es exigible todo el rigor y control judicial y democrático sobre esta iniciativa. Europa no puede ser cómplice de la aparición de nuevas zonas de excepción en un mundo en el que el derecho internacional se está deshaciendo. También aquí están en juego la esencia y el futuro del continente.