La próxima vez que el Ministerio de Juventud e Infancia convoque a los consejeros de las comunidades para la reunión de la Conferencia Sectorial, tres de los dirigentes autonómicos serán ya de Vox. Porque los pactos con el Partido Popular en Extremadura, Aragón y Castilla y León tras las últimas elecciones autonómicas han alumbrado un mapa en el que ahora hay tres consejeros de la extrema derecha con las competencias del ramo. Ha habido un empeño especial con hacerse sobre este departamento porque supone hacerse con las competencias sobre los menores migrantes no acompañados, cuya distribución por los territorios se aborda en esa mesa conjunta. Niños y adolescentes a quienes los ultras califican despectivamente con el acrónimo “menas” y contra quienes suelen lanzar duros ataques como punta de lanza de su discurso contra la inmigración. En el Ejecutivo aragonés han empezado a anunciar medidas esta semana.

A las comunidades les corresponde la tutela y acogida de los niños y menores extranjeros, mientras que al Gobierno central, la política migratoria general. Y en los tres territorios donde se han celebrado comicios desde diciembre pasado y ha habido acuerdo de Gobierno tras ceder el PP ante Vox, la extrema derecha se ha quedado con las competencias sobre los menores migrantes no acompañados (aunque los nombres de las carteras varían ligeramente). En verano de 2024, los ultras abandonaron los Ejecutivos que compartían con los populares precisamente con la excusa de que el PP había aceptado la distribución no obligatoria de los chicos extranjeros. Ahora los de Santiago Abascal tendrán el control en las nuevas alianzas autonómicas y se pondrá a prueba hasta dónde son capaces —y pueden legalmente— llegar.

En Extremadura, dichas funciones se han subsumido bajo la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; en Aragón, en la de Desregulación, Bienestar y Familia, y en Castilla y León, en la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En las dos primeras, además, ambas tienen rango de vicepresidencia —revistiéndolas así de una mayor trascendencia—, y han ido a parar a los líderes de Vox en el territorio y candidatos a las elecciones, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco. Está por ver qué ocurre en Castilla y León, donde el miércoles el dirigente ultra Carlos Pollán confirmó que también se quedaban con ese departamento, aunque aún se desconoce si se adscribirá o no a la vicepresidencia primera.

“La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, subraya el pacto firmado por PP y Vox en Castilla y León, anunciado el miércoles, en la misma línea de los dos anteriores. Como en Extremadura y en Aragón, también quieren promover mecanismos de retorno a sus países, aunque las comunidades no tienen competencias para ello y pretenden reforzar los mecanismos de “verificación de edad”.

Sobre este último punto ha habido novedades en Aragón esta semana. El miércoles, el vicepresidente Nolasco, consejero del ramo, informó de que “solicitará pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados (menas) que sean enviados forzosamente a Aragón por el Gobierno de España”, una decisión que se tomaba ante los “casos de fraude que se han detectado” y prometió nuevos protocolos. El pasado 25 de mayo, el Ejecutivo aragonés expulsó de un centro de acogida a un interno después de que el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) determinase que no tenía 13 años, sino que rondaba los 20. Este hecho propició la comunicación de Nolasco.

Pese a las proclamas de Vox, estas pruebas solo las puede ejecutar la Fiscalía, no dependen de la decisión de una comunidad autónoma. Cabría la posibilidad, por ejemplo, de comprar más aparatos destinados a tal efecto, si ese fuera el caso, pero siempre será la Fiscalía quien tome la decisión de realizar o no las pruebas, que además han sido condenadas por organismos internacionales por su imprecisión —sostienen los expertos— y está previsto que se reformen a través de un proyecto de ley del Gobierno central, cuya tramitación sigue, por ahora, paralizada. Por otra parte, el Tribunal Supremo reforzó la presunción de minoría de edad en casos de los jóvenes migrantes con identidad discutida a través de una sentencia dictada el pasado 29 de enero.

Las competencias las pilotará Vox y, más allá de examinar su capacidad normativa, supondrá además un altavoz para airear aún más sus proclamas. Eso sí, el PP también ha ido endureciendo su posición sobre los menores migrantes durante el año, oponiendo una gran resistencia al Gobierno central en la distribución obligatoria de los niños y adolescentes en la Península, con recursos judiciales que han llegado hasta el Tribunal Supremo impuestos por los Ejecutivos autonómicos para tratar de frenar la llegada de los menores a sus comunidades mientras siguen acatando las normas. De hecho, en abril pasado, los consejeros del Partido Popular dieron plantón a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la última reunión de la Conferencia Sectorial que debía evaluar, un año después, la continuidad del modelo de acogida de menores migrantes no acompañados junto a todas las autonomías. La falta de quórum impidió siquiera abrir el debate. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que la distribución de los menores migrantes seguirá adelante.