El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE han acordado el Reglamento de Retornos, que permitirá deportar a migrantes a centros ubicados en terceros países ajenos a su lugar de origen y exigirá, además, su «cooperación activa» bajo amenaza de sanciones, incluido el encarcelamiento.

El reglamento completa de esta manera el Pacto sobre Migración y Asilo, cuya negociación se prolongó más de cuatro años por disputas entre los Estados miembros, y que ahora encuentra en este texto su herramienta de deportación.

El modelo replica lo ensayado por Italia bajo el Gobierno de Giorgia Meloni, que comenzó a enviar migrantes rescatados en el Mediterráneo a centros de retención en Albania, una práctica rechazada en varias ocasiones por la Justicia italiana y cuestionada en agosto de 2025 por el propio Tribunal de Justicia de la UE.

«La nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE», indicó tras el acuerdo el viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides, cuyo país preside el Consejo hasta finales de junio.

El texto obliga a los migrantes a «cooperar activamente» con las autoridades en su proceso de expulsión. Quienes no lo hagan se enfrentan a sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta penas de prisión.

También permite la detención por riesgo de fuga y, para quienes sean considerados una «amenaza para la seguridad pública o nacional», prevé expulsión prioritaria, internamiento en prisiones separados de presos comunes y prohibiciones de entrada indefinidas.

La medida salió adelante gracias a la alianza entre el PPE y los grupos de extrema derecha: Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas, una ruptura del «cordón sanitario» que ya se había consumado en marzo, cuando el PPE se alió con la ultraderecha para aprobar en el Parlamento un texto aún más duro que la propuesta inicial de la Comisión.

«Es un acuerdo vergonzoso. Este futuro texto pone ideas y retórica xenófobas en la escritura a expensas de los derechos fundamentales de las personas exiliadas, cuyo único delito era nacer con el pasaporte equivocado», denunció la eurodiputada de los Verdes Mélissa Camara, jefa negociadora de su grupo.

El texto deberá ser sometido ahora a votación en el Parlamento Europeo y luego recibir el aval del Consejo de ministros de Interior de la UE.