Uno de cada tres hogares jóvenes en España no es pobre sobre el papel… hasta que paga el alquiler.

La estadística oficial lleva décadas midiendo la pobreza con un termómetro imperfecto: los ingresos brutos del hogar. Pero hay un agujero negro en esa ecuación: el coste de la

vivienda. Cuando se descuenta lo que una familia se deja cada mes en alquiler o hipoteca, el mapa de la pobreza en España cambia por completo. Y la generación más castigada es la joven.

Un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España revela que

el 32,9% de los hogares encabezados por menores de 35 años caería en situación de pobreza si se mide su renta disponible después de pagar la vivienda. Para e

l total de hogares españoles, la tasa de pobreza pasaría del 19,5% al 23% al aplicar ese mismo filtro

, un porcentaje que en el caso de los jóvenes sería 9,9 puntos superior. Por su parte, la población extranjera con una renta inferior al 60% de la mediana (umbral de pobreza) crece del 44,7% de media hasta el 52,3% cuando se tiene en cuenta el gasto en vivienda.

Y es que

los gastos de la vivienda suponen más del 40% de la renta para el 9% de la población, pero el porcentaje más que se duplica en los jóvenes (19,6%)

- marcados por la precariedad en el empleo, la mayor dificultad para ahorrar y el endurecimiento de acceso al crédito -

y en los inmigrantes que llegan a España por motivos laborales (25,8%).

En detalle, el

alquiler de mercado es la opción del 45% de los hogares jóvenes,

mientras que la vivienda en propiedad cae del 65% en 2008 al 40,8% en 2025, pese a que no resulte más barata sino más accesible por su menor desembolso inicial. Los

extranjeros

residentes por motivos laborales también

se ven relegados mayoritariamente a la vivienda en alquiler: el 63,4%,

frente a solo un 23,9% que accede a la compra.

El diagnóstico es claro: los problemas de acceso a la vivienda se concentran en el mercado de alquiler a precio de mercado

, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga y entre los sectores de población con ingresos más bajos. Aunque la afectación cada vez es más amplia ya que, ante las dificultades para comprar y la escasez de vivienda social,

el número de hogares en alquiler a precio de mercado casi se ha duplicado en los últimos 20 años y ha pasado de 2,1 millones a 3,9 millones de viviendas en 2025.

En la actualidad, el 20,2% de los hogares reside en una vivienda en alquiler. Estos hogares que viven de alquiler

destinan de media el 34% de su renta al alojamiento, frente al 24% que dedican quienes tienen una hipoteca. Sin embargo, cae al 17,7% para las familias con un alquiler de no mercado (cesiones de vivienda, vivienda social) y al 9,9% para aquellos hogares que tienen una vivienda en propiedad libre de hipoteca.

Esta carga es, evidentemente, más pesada entre los hogares humildes, ya que el alquiler de mercado es más habitual entre las rentas bajas y la propiedad sin hipoteca en las altas. El 24,7% de los hogares del primer quintil de renta (el 20% más pobre) vive de alquiler, frente al 10,0% del quinto quintil (20% de la población con más recursos). “La combinación de bajos ingresos y mayor coste de alojamiento por el pago de un alquiler supone con más frecuencia una carga elevada”, señala el informe.

El porcentaje de personas con renta baja que dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda se sitúa en el 31,3%, mientras que ese porcentaje es inferior al 2% en los hogares de los quintiles con mayor nivel de renta.

Como con un nivel de ingresos bajos no es posible acceder a una vivienda en propiedad – salvo por herencia o donación – y el alquiler de mercado es caro, el sobreesfuerzo es más frecuente en los hogares que viven de alquiler. Entre la población en riesgo de pobreza (la que posee unos ingresos inferiores al 60% de la mediana de la renta disponible nacional, que prácticamente coincide con la situada en el quintil más bajo de ingresos) el 29,1% vive en alquiler de mercado y el 58,8% de ellos realiza un sobreesfuerzo para pagar sus gastos de alojamiento.

A la escasez general de vivienda, por el fuerte crecimiento poblacional y la baja construcción tras la Gran Recesión – entre 2021 y 2025 solo se han construido un 45% de las viviendas que harían falta para acoger a los nuevos hogares que se han creado – , se ha sumado una muy baja inversión pública en viviendas sociales.

El peso de la vivienda social en alquiler sobre el parque total de viviendas es solo del 3,5% menos de la mitad que la media europea, situada en el 8%,

con países como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20%) a la cabeza.

La receta de los autores del informe para salir del atasco: que el sector público adquiera viviendas privadas para destinarlas al parque social de alquiler , mientras se alcanza un pacto de Estado para impulsar una política de vivienda de largo plazo.

Una opción sería el modelo Dublín, consistente en que los grandes tenedores cedan viviendas en alquiler con un precio un 20% por debajo del precio de mercado, lo que podría sumar a la oferta de alquiler social unas 25.000 viviendas. Otra opción es incorporar al parque público las viviendas del Fondo Social de Vivienda, que gestiona 9.886 viviendas de los bancos o las más de 40.000 viviendas de la Sareb.

Asimismo, proponen acelerar la construcción con edificación industrializada, gestión digital y ágil de licencias, actualización de códigos urbanísticos para reutilizar espacios, y coordinación administrativa que evite trabas locales.