La comunidad más extensa de España y una de las más golpeadas por las oleadas de incendios que han azotado el país en los últimos veranos, Castilla y León, volverá a tener un Gobierno de coalición de PP y Vox después de dos años de mandato en solitario del popular Alfonso Fernández Mañueco. En ese Ejecutivo conjunto, la extrema derecha vuelve a apuntarse el tanto —como ya ocurrió en Extremadura y en Aragón— de imponer sus principales banderas de la guerra cultural, así como de imponer la “prioridad nacional” en el acceso a la ayudas públicas. Los ultras se quedarán con una vicepresidencia y tres consejerías, entre las que destacan la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Ganadería y Política Ambiental en un territorio muy marcado por esos asuntos y por el fuego. Eso sí, el Partido Popular se asegura la gestión de los incendios al fragmentar y asumir el departamento de Medio Ambiente. Vox tendrá también competencias en inmigración, y será el responsable del departamento de Cultura —algo que no ocurrió ni en el pacto extremeño y ni en el aragonés—.

Tras las últimas reuniones entre las partes negociadoras, en las que han intervenido también las direcciones nacionales de ambas formaciones, el acuerdo entre el Partido Popular y los ultras se ha sellado definitivamente este miércoles después de una última cita. El pacto se suma a los dos ya firmados previamente en Extremadura y Aragón y sigue las mismas pautas del principio de “prioridad nacional” en el acceso de ayudas y prestaciones públicas de los españoles sobre los inmigrantes que los dos anteriores y otros puntos coincidentes como la prohibición del burka y el niqab, el retorno de menores migrantes no acompañados, eliminar subvenciones a las ONGs que apoyan a extranjeros o “mantener la no aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura marroquí” —en Castilla y León no existe—.

Para optar, entre otras ayudas, a viviendas protegidas y de alquiler social, se exigirá el requisito de “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España” de 10 años para compra y de 5, para alquiler, acorde con la proclamada “prioridad nacional”. Todo plasmado en un documento de 19 ejes que además incorpora reducciones fiscales y la promesa de aprobar una ley de Concordia, pactada ya en 2022 pero que no llegó a aprobarse en la legislatura pasada.

El acuerdo llega tras más de dos meses y medio después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Vox se quedará con la vicepresidencia primera, que ocupará el líder autonómico, Carlos Pollán, con rango de consejería y otras dos carteras. Las tres consejerías son la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (con competencias en inmigración); la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (con poder de decisión sobre la caza y pesca); y la de Cultura, Turismo y Deporte. A cambio, Mañueco será investido por tercera vez en una sesión que se espera previsiblemente para la semana que viene, y los de Santiago Abascal se comprometen a apoyar los Presupuestos autonómicos durante cuatro años, el primero para 2027.

El pasado 15 de marzo, los populares ganaron en las urnas por mayoría simple —mejorando sus resultados tras casi cuatro décadas al frente de la comunidad, con 33 escaños, dos más que en 2022— y los ultras ralentizaron su crecimiento —con 14 procuradores, uno arriba—. Este miércoles, sendos partidos han estrechado las manos, pero, otra vez, un barón popular vuelve a torcer el brazo. Mañueco, que pretendía gobernar en solitario, tendrá a la extrema derecha en su equipo y con muchas cesiones orgánicas y programáticas, aunque fue el candidato popular que más escaños ganó en comparación con Extremadura y Aragón.

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Las partes han dado a conocer el contenido del acuerdo en una comparecencia conjunta a mediodía en las Cortes. Allí, Mañueco ha reivindicado un “acuerdo de Gobierno amplio” con 62 hojas que se ha distribuido a la prensa después de su intervención. “Es un día bueno para Castilla y León, hemos alcanzado un acuerdo de Gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por las personas”, ha destacado, aspirando a “estabilidad para cuatro años” y que busca “el crecimiento económico y la creación de empleo, fortalecer los servicios público, apoyar a los jóvenes, mayores y familias, con un compromiso claro con el campo, agricultores y ganaderos”.

Del lado de Vox se ha pronunciado el líder autonómico del partido, Carlos Pollán, que ha intervenido después y ha valorado el “gran impulso” que acarrea el pacto y la “predisposición desde el primer momento” de Mañueco para el diálogo entre ambas partes. El dirigente ultra ha sido el primero en mencionar la “prioridad nacional”, que luego ha citado el presidente en funciones, refiriéndose a que replica exactamente lo firmado en Aragón y Extremadura. “Está la prioridad nacional en la ayuda a la vivienda y ayudas sociales, trabajo importante de fiscalidad para familias, jóvenes y medio rural, y un plan de choque y de rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez”, ha afirmado Pollán. Ambos dirigentes han coincidido en que uno de sus grandes compromisos es el de sacar adelante los Presupuestos tras varios años de dificultades presupuestarias para el PP.

La gestión de los incendios
El pacto incluye varios puntos referidos a los incendios, habituales en los últimos años en Castilla y León y de enorme impacto. La competencia en su gestión se mantiene en poder del PP pese a dividir la antigua consejería de Medio Ambiente, dirigida por el polémico Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuyas funciones aún se desconocen. Este área se ha distribuido entre en “Medio Ambiente y Energía”, para el PP y competente en la gestión del fuego, y “Política Medioambiental”, para Vox, con funciones en caza y pesca.

El documento contempla aprobar un nuevo marco sobre prevención de incendios y de autoprotección y también de coordinación entre Administraciones, reforzando también los anillos de seguridad en torno a los pueblos. También menciona apoyar las inversiones locales de los municipios o construir una nueva sede de Emergencias 112. El acuerdo alude varias veces a los incendios tanto en la apuesta por la biomasa para limpiar los bosques como en elaborar “un nuevo Plan Forestal Integral, orientado a la gestión activa, el aprovechamiento y la conservación de nuestros montes, garantizando el abastecimiento de la industria forestal y favoreciendo montes mejor cuidados y preparados frente a los grandes incendios forestales”.

Segunda coalición
No será la primera vez que el presidente en funciones de Castilla y León y Vox gobiernen juntos. La próxima será la segunda coalición tras la de 2022, cuando Mañueco se convirtió en el primer gobernante regional europeo en aliarse con la extrema derecha. La castellano y leonesa fue la entente que más duró, hasta que la formación de Abascal abandonó todos los gobiernos de coalición que compartía con el PP, en verano de 2024. Eso permitió a los ultras salir indemnes del desgaste de la gestión de los incendios, especialmente en agosto pasado, uno de los peores desde que hay registros.

Como relató este periódico, el acuerdo estaba ultimado ya desde hace días. Dirigentes de la ejecutiva nacional del PP se citaron en Castilla y León la semana pasada para cerrar los flecos del texto, muy parecido a los precedentes de Aragón y de Extremadura, salvo por las particularidades de la comunidad autónoma. Las conversaciones entre las partes negociadoras se habían intensificado en los últimos días con varias reuniones tanto presenciales como telemáticas.

El secretario general autonómico socialista, Carlos Martínez, ha intervenido después de conocer “el acuerdo de la vergüenza” que a su juicio va a suponer el “desmantelamiento progresivo Estado del Bienestar y del Diálogo social y la igualdad de oportunidades”. Martínez ha incidido en la prioridad nacional firmada por sus rivales políticos, algo que para él “atiende a los postulados de la extrema derecha” que asume el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Mañueco está suscribiendo algo cuyo desarrollo va a confrontar la legalidad pero no puede negarse”, ha aseverado Martínez ante un “debate ficticio”, pues el problema de Castilla y León lo ve en la crisis demográfica. Para ello ha citado un informe del Consejo Económico y Social de la comunidad avalando que la migración contribuye a contener la despoblación. “Articularemos todos los mecanismos legales”, ha prometido, para defender ese Estado del Bienestar que cree erosionado por la prioridad nacional del acuerdo.