Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este miércoles ante la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Mérida para mostrar su apoyo a Juan Carlos Nieto, un funcionario con 37 años de trabajo en la administración, expedientado por atender a ciudadanos que acudían al organismo sin cita previa. En esta protesta, convocada por el movimiento Campamento Dignidad y el Sindicato 25 de Marzo, los asistentes han respaldado al trabajador, entre gritos y aplausos. Él ha insistido en que su actuación no respondía a un gesto de solidaridad personal, sino al cumplimiento de sus obligaciones como empleado público.

“No es caridad, es simplemente hacer mi trabajo, por el que me pagan y por el que todos vosotros pagáis vuestros impuestos”, trasladaba Nieto durante su intervención ante los concentrados. El funcionario aseguraba que la apertura del expediente ha tenido un fuerte impacto personal y familiar. “Es una auténtica vergüenza verme en esta situación por hacer mi trabajo”, lamentaba.

El expediente disciplinario abierto por el SEPE atribuye al trabajador una presunta falta grave relacionada con la atención a usuarios sin cita previa y con la expedición de certificados de prestaciones que algunos ciudadanos necesitaban para acceder a ayudas gestionadas por entidades sociales. Nieto rechaza las acusaciones y sostiene que sus actuaciones buscaban evitar que personas con necesidades urgentes quedaran excluidas de servicios básicos.

Durante su comparecencia ante los medios, el funcionario ha incidido en que dispone del pliego de cargos y que en él se especifican los motivos de la investigación. Según explicaba, también se le reprocha una supuesta negligencia administrativa por no exigir determinada documentación a los usuarios. El empleado sostiene, sin embargo, que actuó conforme a la legislación vigente, que permite a las administraciones consultar documentación que ya obra en poder de otros organismos públicos.

El trabajador ha vinculado además el conflicto con los problemas estructurales que, a su juicio, afectan al sistema de cita previa. Nieto denunciaba la falta de personal en la oficina de Mérida, que habría pasado de contar con ocho o nueve funcionarios hace unos años a disponer actualmente de cuatro. Esta reducción de plantilla, unida a la implantación del distrito único en la provincia, habría provocado dificultades para obtener cita y un aumento de la presión asistencial. “Hay ciudadanos que necesitan resolver cuestiones relacionadas con subsidios o prestaciones y no pueden esperar semanas para conseguir una cita”, afirmaba.

Nieto aprovechó la concentración para cuestionar la obligatoriedad de la cita previa cuando esta se convierte en un obstáculo para el acceso a los servicios públicos. Recordaba que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente una proposición no de ley para avanzar hacia una flexibilización del sistema. “La cita previa es un medio eficaz para evitar esperas, pero nunca puede convertirse en un fin que impida a los ciudadanos acceder a sus derechos”, defendía.

El funcionario trasladaba que la paradoja de la jornada ha quedado reflejada en lo ocurrido dentro de la propia oficina de la capital extremeña durante la concentración, donde durante buena parte de la mañana apenas hubo usuarios atendidos pese a que dos empleados permanecían disponibles. “Pretenden que, si entra alguien con un problema, me quede con los brazos cruzados y le diga que no puedo atenderle porque no tiene cita”, lamentaba.

El Ministerio de Trabajo ha reiterado, por su parte, que el expediente no se limita exclusivamente a la atención de personas sin cita previa. Fuentes del departamento sostienen que concurren otros motivos que no pueden hacerse públicos por razones de confidencialidad y para preservar las garantías del procedimiento administrativo. Será la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE la encargada de determinar si existen irregularidades y, en su caso, establecer una eventual sanción.