Cuatro jornaleros migrantes —tres afganos y un paquistaní— han muerto al ser quemados vivos dentro del coche en el que viajaban en Calabria, en el sur de Italia. El crimen, según el testimonio del único superviviente, fue propiciado por una disputa relacionada con los salarios que reclamaban los trabajadores y con el dinero que se negaban a seguir pagando para poder desplazarse a los campos. La tragedia ha sacado a la luz la cara más brutal de la explotación que sufren miles de temporeros extranjeros en el país. El suceso, por el que ya han sido detenidos dos ciudadanos paquistaníes, ha reabierto el debate sobre las redes ilegales que operan en el sector agrícola y sobre la vulnerabilidad en la que viven muchos braceros migrantes.

Los hechos ocurrieron este lunes en una estación de servicio en la provincia calabresa de Cosenza. Los bomberos acudieron a la zona tras recibir el aviso de que había un vehículo en llamas. Al extinguir el incendio, los operarios descubrieron cuatro cadáveres carbonizados en el interior del coche. Tras realizar las primeras pesquisas y estudiar la escena, los investigadores sospecharon que se trataba de un homicidio múltiple.

La clave fueron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la gasolinera. Las imágenes del horror, que han sido difundidas por algunos medios italianos, muestran todo lo ocurrido: cómo dos personas se acercan al vehículo, bloquean las puertas desde el exterior e introducen o arrojan un líquido inflamable por la parte trasera antes de prender fuego al coche. Después se ve una llamarada y a los sospechosos huyendo del lugar. Uno de los ocupantes logró escapar rompiendo una ventanilla, mientras que los otros cuatro quedaron atrapados.

Gracias a esas imágenes, la policía identificó y detuvo a dos ciudadanos paquistaníes pocas horas después. Los investigadores creen que las víctimas y los presuntos autores del crimen se conocían y que habían llegado juntos a la estación de servicio y allí se produjo la disputa, según la principal hipótesis.

El único superviviente, un varón de nacionalidad afgana que ha sufrido heridas en ambos brazos, ha declarado a los informativos de la televisión pública RAI que los jornaleros exigieron el dinero que se les debía por su trabajo en los campos y que por eso los paquistaníes prendieron fuego al vehículo en el que viajaban. “No nos daban dinero. Comida sí, una casa sí, pero nada de dinero”, ha explicado este hombre, con los brazos cubiertos por sendas vendas.

Este afgano también ha denunciado la existencia de una “gran mafia de Pakistán” que obliga a migrantes a trabajar en los campos de Italia en condiciones de esclavitud. Según su testimonio y el de otro compañero, los ciudadanos paquistaníes les amenazan a diario con “cuchillos y pistolas” para que desempeñen su trabajo en los campos calabreses y no les proporcionan ningún salario. Además, les reclamaban dinero —cinco euros al día por persona— para pagar la gasolina de los traslados desde el alojamiento que les facilitaba el contratador hasta las fincas agrícolas en las que trabajaban.

Cinco jornaleros recogen sandías en Calabria, en una imagen de 2020.
Alfonso Di Vincenzo (KONTROLAB/LightRocket/Getty Images)
Las imágenes del brutal crimen han causado conmoción en Italia por su crudeza: no muestran solo el incendio, sino lo que los investigadores consideran una acción deliberada para impedir que las víctimas escaparan.

Las investigaciones de la Fiscalía se están centrando en los conflictos entre grupos de migrantes empleados en los campos de la Sibaritide, una zona situada entre las montañas del Pollino y de la Sila, donde gran cantidad de extranjeros trabajan en la recolección estacional de aceitunas, cítricos, melocotones y arroz.

Este homicidio ha puesto el foco en las condiciones en las que viven y trabajan miles de jornaleros migrantes en los campos del centro y sur de Italia. “Basta del sucio silencio de conveniencia. Basta de esa zona gris que ve, sabe y deja que las cosas sucedan. Basta de la perversa costumbre de considerar normal que hombres de tierras lejanas cosechen, trabajen, vivan, duerman, viajen y mueran como cuerpos sin historia”, ha declarado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y obispo calabrés, Francesco Savino.

Los sindicatos han calificado el crimen de “horror indescriptible” y la CGIL, el mayor sindicato del país, ha realizado un llamamiento a los políticos “para que tomen medidas más concretas para combatir las abominaciones de la vida cotidiana que sufren los trabajadores, a menudo migrantes”, en el campo italiano.

Normalización de la explotación
Como ocurre en muchas otras zonas agrícolas italianas, también en este lugar la mayoría de los temporeros carece de un contrato regular y se rige por el conocido como caporalato: un sistema informal por el cual un intermediario, el llamado caporale (capataz), contrata a los trabajadores, los lleva a los campos y se queda con una parte de su salario. Este mecanismo, basado en redes de intermediación ilegal, y que está particularmente extendido en el sur del país, aunque no es exclusivo de esa zona, supone un ahorro, sobre todo, para los empresarios agrícolas.

Según el último informe Agromafias y caporalato del Observatorio Placido Rizzotto del sindicato CGIL, publicado en 2022, unas 200.000 personas al año son explotadas en los campos italianos, lo que supone una cuarta parte del total de temporeros. Se les paga una media de unos 20 euros por jornadas que oscilan entre las 10 y las 14 horas de trabajo; suelen vivir hacinados en caserones o barracones junto a los campos, aislados y sin servicios, y muchos tienen deudas con los capataces, que cobran el dinero incluso recurriendo a la violencia. En varias zonas, incluida Calabria, los capataces son también migrantes, y son frecuentes los enfrentamientos entre las redes que controlan el reclutamiento.

El informe incluye varios testimonios de jornaleros, como el de A.C., un trabajador paquistaní de 31 años que llegó a Italia tras pagar 7.000 euros a una red de intermediarios y acabó atrapado en un sistema de explotación laboral en la agricultura. Durante años trabajó por salarios de apenas 600 o 700 euros al mes, dependía del caporale para conseguir empleo y descubrió que este obtenía beneficios incluso del alquiler de la vivienda donde vivían los trabajadores. Según su testimonio, cuando A.C. reclamó mejores condiciones, descubrió que el intermediario había contratado a otros trabajadores a los que pagaba aún menos, solo tres euros por hora. Poco después fue expulsado de la casa, entre amenazas y empujones, y se quedó sin empleo ni alojamiento. Asegura que le deben cerca de cuatro meses de salario y que nunca denunció por miedo a represalias.

Un jornalero trabaja la albahaca en una finca de Génova el 14 de mayo de 2020.
MARCO BERTORELLO (AFP)
Otro jornalero maliense, M. A., denuncia la normalización de la explotación y el control total que ejercen los capataces. Cuenta que cobraba entre 25 y 35 euros por jornadas extenuantes, de los que además le descontaban cinco euros por el transporte. Los trabajadores eran trasladados en furgonetas de nueve plazas donde normalmente viajaban hasta 12 o 15 personas. Además, señala que los capataces retenían los documentos de identidad de los trabajadores hasta el final de la jornada o de la campaña, y que muchos días no se registraban: tras casi cuatro meses de trabajo consecutivo, solo le reconocieron 51 jornadas en lugar de las 100 que le correspondían.

Según relata, los ritmos eran extremadamente duros y las amenazas constantes: “Si no vas rápido, mañana te quedas en casa”, le decían. Tras enfrentarse a un encargado que le exigía trabajar más durante la pandemia, sin mascarillas ni medidas de protección, fue despedido, le retuvieron la documentación y dejaron de pagarle un mes de salario. Finalmente, denunció al capataz, pero pasó varios meses sin empleo.

Además, en el informe asegura haber conocido redes capaces de movilizar hasta 400 trabajadores a través de varios caporales y describe un sistema en el que el miedo a perder el empleo impide a muchos trabajadores reclamar sus derechos.