El asesinato de Henry Nowak,

un británico blanco de 18 años, a manos de Vikrum Digwa, un joven de 23 años de la comunidad sij, que a priori se presentó como víctima de un ataque racista, ha dejado de ser únicamente un caso judicial para convertirse en

una batalla política de primer orden

en un Reino Unido cada vez más polarizado ante el auge del populismo.

El premier Keir Starmer acusó ayer a Nigel Farage, líder de Reform UK, de explotar el crimen para

sembrar “agravio y división”

después de que el representante de la formación de derecha radical pidiera a los ciudadanos responder con “pura y fría rabia” a la actuación policial. La reacción de

Farage – protagonista absoluto de las últimas elecciones locales y autonómicas -

ha provocado una inusual imagen de unidad entre laboristas, conservadores y liberal demócratas, que le reprochan haber ignorado las peticiones expresas de la familia de la víctima para no convertir el asesinato en un instrumento político.

Al menos once agentes heridos

Al cierre de esta edición, los agentes heridos en las violentas protestas que sacuden las calles de Southampton

y amenazan con extenderse por todo el país

ascendían a once. "Ha quedado claro para millones de personas en este país que vivimos bajo un régimen policial de

doble rasero

(…) Los agentes reciben instrucciones para tratar de modo diferente a diferentes grupos étnicos", reclamó Farage este miércoles en la sesión semanal de control al Gobierno. “La rabia y las circunstancias de su muerte, la furia que se vio anoche [por el martes] en las calles de Southampton corre peligro de ir a más”, recalcaba en la Cámara de los Comunes en una sesión especialmente tensa. “¡Condena la violencia! ¡Vergüenza! ¡Condena los disturbios!”, le exigieron a gritos numerosos diputados.

La familia de Nowak sigue intentando mantener el foco lejos de la confrontación. Su padre,

Mark Nowak

, pidió esta semana que la muerte de su hijo sirva

para mejorar la seguridad en las calles

y no para alimentar nuevas divisiones. Un mensaje que también reiteró Donna Jones, responsable de supervisar la policía de Hampshire. En este sentido, el premier acusó a Farage de “apelar a la rabia”. "Explotar esta tragedia para

generar agravio y división

sería incorrecto en cualquier circunstancia. Hacerlo cuando la familia está diciendo expresamente ‘por favor, no lo hagan’ es imperdonable", recalcó.

El Gobierno ha ordenado la

revisión del Plan de Actuación Policial ante el Racismo

, una serie de recomendaciones aprobadas por las autoridades policiales británicas en 2024 —durante el último Gobierno conservador— que surgió precisamente

al calor del movimiento Black Lives Matter

y que reclamaba a los agentes no tratar del mismo modo situaciones que eran injustamente diferentes.

“Doble rasero”

En el Reino Unido, no obstante, lo que más se recuerda ahora es el caso de Stephen,

un joven negro de 18 años

, asesinado en 1993 en un ataque racista perpetrado por una banda de hombres blancos. El llamado Informe Macpherson concluyó que la policía había manejado el caso de forma institucionalmente racista, ya que la investigación

no se había llevado a cabo con el mismo cuidado

que un caso que involucrara a una persona blanca.

Según las estadísticas oficiales, los

grupos raciales minoritarios del Reino Unido

tienen muchas más probabilidades de sufrir abusos policiales o de acabar siendo detenidos, hasta cuatro veces más que los ciudadanos blancos, en procesos de arresto y registro. Con todo, Farage y sus seguidores llevan años extendiendo con éxito la idea incendiaria de que la policía británica utiliza un doble rasero para tratar a las minorías étnicas. "El Reino Unido sufre una cultura de doble rasero, en la que los derechos y

los privilegios de la gente blanca pesan menos

que los de las minorías étnicas", sostiene el líder populista.

El agresor ha sido condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión. La Oficina Independiente para la Conducta Policial (IOPC) deberá determinar si hubo errores disciplinarios o de procedimiento, pero por ahora no existe ninguna prueba de que los agentes actuaran movidos por consideraciones raciales.