La sanidad pública se ha convertido en uno de los terrenos más fértiles para la propagación de la desinformación en las redes sociales. Con frecuencia, circulan cadenas de mensajes y vídeos descontextualizados que aseguran que los ciudadanos extranjeros saturan los centros de atención primaria y gozan de una gratuidad total en prestaciones que supuestamente se le deniegan a la población local. Sin embargo, al confrontar estas afirmaciones con los registros de las sociedades de salud pública y los indicadores demográficos, la realidad ofrece un panorama radicalmente distinto que nos sirve para tomar distancia de los bulos.

El argumento de que la población inmigrante colapsa las consultas médicas choca directamente con la pirámide poblacional. Los datos estadísticos que presenta el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España reflejan que las personas que emigran corresponden mayoritariamente a perfiles jóvenes y en edad de trabajar. Esta juventud relativa se traduce de forma directa en una tasa notablemente baja de enfermedades crónicas o pluripatologías, que son las que realmente absorben la mayor parte del presupuesto y del tiempo asistencial del sistema sanitario. Por el contrario, es la población nativa, inmersa en un proceso de envejecimiento generalizado, la que requiere un uso más intensivo y continuado de los servicios de salud.

Otra de las falsedades más extendidas sostiene que este colectivo disfruta de servicios gratuitos sin contribuir a su mantenimiento. Los expertos en economía de la salud recuerdan de manera unánime que el sistema sanitario español no se financia a través de las cotizaciones de la Seguridad Social, sino mediante los presupuestos generales del Estado basados en la recaudación de impuestos directos e indirectos. Por lo tanto, cualquier persona residente en el país, por el mero hecho de consumir productos básicos y pagar el IVA correspondiente, está contribuyendo fiscalmente al sostenimiento de los hospitales y centros de salud públicos.

El estudio del Ministerio de Sanidad, que ha comparado a la población nacida en España con ciudadanos procedentes de cinco grandes regiones globales (Unión Europea, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y otras zonas), ha analizado las 21 patologías que concentran la mayor carga asistencial y el mayor coste sanitario. Las conclusiones son inequívocas: en 16 de esas 21 enfermedades, la prevalencia es significativamente superior entre la población autóctona.

Las diferencias resultan especialmente reveladoras en cuadros clínicos como los trastornos de ansiedad, las alteraciones del metabolismo lipídico, las infecciones respiratorias agudas y el asma, donde las tasas de los ciudadanos españoles superan en más de veinte puntos a las de los grupos de origen extranjero. La frialdad de la estadística desmiente el abuso sistémico: la población nacida en España registra entre un 18% y un 51% más de visitas a Atención Primaria, consume entre un 32% y un 69% más de medicamentos y padece entre un 24% y un 38% más de enfermedades crónicas que el colectivo migrante en su conjunto.

La realidad médica ratifica así la existencia del denominado «efecto del inmigrante sano», un fenómeno empírico que constata cómo las personas migrantes suelen llegar al país de acogida con un estado de salud mejor que el de la población nativa. No obstante, el informe lanza una advertencia crucial en términos de salud pública: esta ventaja inicial tiende a reducirse conforme se prolonga la estancia.

Factores directamente vinculados a los determinantes sociales – como la precariedad laboral, el acceso desigual a una vivienda o alimentación adecuada, y las barreras legales, administrativas y lingüísticas – deterioran progresivamente su estado de bienestar. De hecho, son estas mismas trabas burocráticas las que provocan que los ciudadanos extranjeros utilicen menos los servicios sanitarios, accediendo a ellos de forma intermitente y más tardía. Esta demora en la prevención y el diagnóstico precoz es lo que deriva, irremediablemente, en un mayor uso de los servicios de urgencias, y no una voluntad de abuso de las instalaciones.

A nivel clínico, el estudio solo halla peores indicadores en la población extranjera en casos muy localizados, como la diabetes tipo 2 en personas procedentes del Mediterráneo Oriental, o mayores tasas de hipertensión e insuficiencia renal en ciudadanos de origen africano. En paralelo, colectivos como el latinoamericano reportan dificultades frecuentes en su relación con el sistema, condicionadas por obstáculos meramente administrativos.

Ante este volumen de evidencia, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido categórica al señalar que este estudio sirve para desactivar los «bulos y prejuicios» infundados. «Cuando hablamos de presión sobre el sistema sanitario conviene enfocar muy bien, el gran desafío de la sanidad española nada tiene que ver con el origen de las personas. Cuando hablamos del colapso, se debe a la baja inversión, recortes y privatizaciones», ha asegurado la titular de la cartera, alejando el foco del terreno puramente identitario.

Además, frente a la falsedad de que disfrutan de servicios gratuitos sin contribuir a su mantenimiento, el análisis – respaldado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – argumenta que la población migrante contribuye a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en condiciones equiparables al resto de la ciudadanía. Su aportación fiscal a través de impuestos (como el IVA) supera ampliamente los costes derivados de su atención sanitaria.

Esta tesis concuerda plenamente con el consenso internacional recogido por comités de expertos como el de la revista The Lancet. Garantizar una sanidad universal no es solo una cuestión ética, sino un mecanismo de eficiencia económica para los países de acogida. Tratar las enfermedades desde la prevención en Atención Primaria optimiza los recursos públicos y es más barato que abordar patologías graves en las salas de emergencias. Tal y como ha subrayado la propia ministra García en su intervención, recuperar la universalidad del sistema «no es solo una cuestión de justicia social, también de eficacia y eficiencia sanitaria».