Hablar de extranjería no es hablar solo de extranjeros, también de españoles y españolas que se casaron con una persona de otro país, que tienen parientes de otros países y que un día quieren vivir en España como unidad familiar. Regularizar su situación está siendo más que complejo en unas oficinas de Extranjería colapsadas por miles de expedientes de arraigo que están lejos de respetar los plazos establecidos por ley para resolver.

Estos retrasos se vienen produciendo desde hace algunos años, siempre con el telón de fondo de las protestas de los funcionarios por la falta de recursos para atender la demanda creciente en sus oficinas, que de tarde en tarde derivan en huelgas. No es solo una cuestión de personal: los cientos de casos atascados en la burocracia dan cuenta de la arbitrariedad de los documentos que se les piden, dependiendo de la provincia de que se trate. Algunos se han planteado estos días desistir del proceso y someterse a los trámites de la regularización extraordinaria, “pero no deben hacer eso, porque podrían quedarse sin las dos opciones”, dice la abogada Olga Hernández de Paz, portavoz de Extranjeristas en Red, una organización con presencia en prácticamente toda España.

El reglamento español de Extranjería aprobado en noviembre de 2024, y que está recurrido ante el Supremo, distingue entre los matrimonios con parejas de la UE y con extracomunitarios, lo que deja a estos últimos y sus familiares en una situación complicada. Los primeros ejercen un derecho amparado por la UE, los segundos tienen que someterse a una autorización administrativa, algo que no le ocurre a un francés casado con una cubana, por ejemplo. El Defensor del Pueblo no entra a valorar esta diferenciación, dado que el reglamento está recurrido en tribunales, pero recuerda que los poderes públicos tienen la obligación de velar por la “protección de la vida familiar” y por el derecho de contraer matrimonio del ciudadano español “sin discriminación”. Por eso, el Defensor sugiere en cada caso que recibe que “se resuelva con carácter preferente y sin más demora las autorizaciones de residencia” formuladas por las parejas o esposos de una ciudadana o ciudadano españoles.

La oficina del Defensor, en su respuesta a Extranjeristas en Red, reconoce que “los plazos de tramitación continúan superando ampliamente los establecidos” y afirma que “resultan particularmente relevantes, tanto por el número de quejas recibidas como por la afectación de derechos fundamentales de personas españolas con familiares extranjeros, las actuaciones realizadas [en su oficina] por las demoras en los procedimientos que afectan a estos familiares”, cuyo plazo de resolución no puede superar los dos meses. El Defensor ha solicitado los tiempos medios de cada delegación de Extranjería y muchas están por los cuatro meses, pero otras alcanzan los seis, siete o 10 para la resolución.

El caso de la venezolana Yurubay Rebeca Linares, ilustra bien el laberinto por el que pasan estas familias. Casada con un barcelonés, decidieron trasladarse a España hace 22 años, después de que intentaran secuestrar a su marido en Venezuela. Regresaron con la idea de quedarse hasta que cambiara el gobierno de aquel país, pero ese cambio nunca llegó y pocos años después de instalarse en Barcelona nació su primer hijo, a quien le diagnosticaron parálisis cerebral. Fue entonces cuando, desbordada por su trabajo fuera y dentro de casa, Linares pidió ayuda a su madre. Solicitaron la reagrupación familiar y en 2013, la mujer pudo venir a España. Este traslado, como el de Linares, tampoco estaba pensado como definitivo, sin embargo, el segundo hijo de la familia nació con autismo y su abuela terminó convirtiéndose en la principal cuidadora de ambos niños. “Ella para nosotros es parte esencial de la familia, nos ayuda muchísimo. Sin ella yo no podría tener mi empresa”, cuenta Linares, de 46 años. El problema llegó años más tarde, cuando su madre viajó a Venezuela porque tenía que arreglar unos papeles antes de establecerse definitivamente en España. “Volvió, empezó la pandemia y ya no pudo salir del país. Lo que supuso que perdiera la cita en la que debía renovar sus papeles”, dice Linares. Ese fue el inicio del calvario burocrático en el que sigue inmersa la familia.

“Volvimos a hacer el trámite de la reagrupación y nos contestaron el año pasado diciendo que era imposible, no se podía renovar y no se podía pedir la residencia definitiva. Así que iniciamos el trámite de cero, metimos toda la documentación para la reagrupación familiar comunitaria otra vez”, explica Linares. Los requerimientos que solicita la Administración mantienen paralizado el proceso. “Es absurdo: nos piden que demostremos las transferencias que hemos hecho a Venezuela (para mostrar que su madre depende económicamente de ellos) cuando la Administración tiene acceso al histórico del padrón que demuestra que mi madre lleva años viviendo y dependiendo de nosotros en España”, añade. La familia ha presentado numerosas quejas ante el Defensor del Pueblo, los ministerios de Inclusión y Migraciones y de Política Territorial, así como ante la Generalitat de Cataluña.

“Le dije a mi madre que, si la situación seguía bloqueada, podríamos intentar que solicitara la regularización extraordinaria, pero como tiene un expediente ya abierto con la administración no cualifica. Esto me tiene muy indignada”, apunta Linares. Lo último ha sido un requerimiento del 13 de mayo en el que se solicitan más documentos. Presentaron una documentación ingente, económica, administrativa, declaraciones responsables y han recibido una resolución denegatoria curiosamente “fechada el 14 de mayo”, solo un día después de solicitar la documentación a la familia. “Nos preocupa profundamente que una documentación tan extensa y sensible haya podido ser valorada en tan poco tiempo, especialmente cuando hablamos de una familia española con menores con necesidades especiales”, se queja Linares. Y recuerda: “Mi marido es español, trabaja cotiza y sostiene económicamente a la familia. Yo también trabajo y cotizo y soy empresaria. Queremos regularizar a mi madre precisamente para poder seguir trabajando, cuidando a nuestros hijos y haciendo crecer la empresa”. Todos estos inconvenientes, que en algunos casos que mencionan los abogados son delirantes, inclinan a estas familias hacia la incomprensión sobre el proceso de regularización de migrantes que está en marcha, cuando las oficinas no resuelven sus casos con la debida premura.

Extranjeristas en Red denuncia “los problemas endémicos que subsisten en provincias como Barcelona, Valencia, Girona o Zaragoza” y advierten que desde la implantación del nuevo reglamento, que entró en vigor en mayo de 2025, “los retrasos se han extendido como mancha de aceite en muchas otras provincias, resultando especialmente grave en ciertos territorios como Madrid, por el volumen de solicitudes existentes”. Añaden que “tampoco se detecta que se esté aplicando la debida preferencia a las solicitudes de residencia de los familiares de españoles”, cuyo plazo es de dos meses.

La regularización extraordinaria de migrantes ha supuesto un alivio para muchos extranjeros que ya estaban tramitando su residencia por la vía ordinaria de estancia en España, pues para no incurrir en agravios comparativos, también se han simplificado los canales para agilizar esos papeles atascados. Pero los abogados extranjeristas y los propios afectados denuncian el retraso que ese proceso está suponiendo para los matrimonios mixtos. La oficina del Defensor del Pueblo recibe cientos de denuncias por ello. “Seguimos recibiendo quejas. Hay en los últimos meses crecimiento de estas y las demoras son generalizadas a pesar de los refuerzos en las oficinas”, responden en el Defensor.

“Ponen muchas trabas, se quejan de traducciones mal hechas, por ejemplo, y requieren tantos documentos que algunos de los afectados pierden los trabajos que estaban esperando. El proceso de regularización ha acelerado un poco estos expedientes, pero a costa de los casos de matrimonios mixtos y arraigos familiares”, se queja Olga Hernández de Paz. Desde Extranjeristas en Red solicitan un “plan de choque” para descongestionar estas oficinas, que un año después de la regularización tendrán que enfrentarse a la renovación de los permisos del medio millón de regularizados ahora y otros que hayan entrado por la vía ordinaria.

En efecto, en las últimas semanas se han resuelto decenas de miles de expedientes de migrantes atascados en estas oficinas, gracias a la pasarela que incluye la regularización extraordinaria para ellos, pero aún hay pendientes alrededor de 50.000, según fuentes de la Administración del Estado. Es un trabajo ingente por parte de las oficinas de Extranjería, que dependen del Ministerio de Política Territorial, pero no acaba de resolver el problema de las familias mixtas, que más bien han experimentado un atasco.

La madre de Linares, de 68 años, vive con el temor constante de seguir en situación irregular. Mientras su estatus migratorio no cambie, muchas puertas continúan cerradas para esta mujer, entre ellas la posibilidad de salir de España. “No entiendo por qué es tan difícil este proceso y, en cambio, pueden abrir un sistema de regularización en el que no piden casi nada. No entiendo cuál es la vara de medir”, señala la venezolana.