El Ayuntamiento de Vic, gobernado por Albert Castells Vilalta (Junts per Catalunya),cerró el pasado 31 de mayo el albergue social del Remei, un recurso de acogida con capacidad para abrigar a 40 personas en situación de vulnerabilidad en funcionamiento desde 2012. La decisión ha provocado críticas de los grupos de la oposición y del Síndic municipal que ha demandado al consistorio “buscar estrategias antes de cerrarlo”. El gobierno de Vic justifica la clausura por un “cambio del modelo de vivienda social” y “por los problemas de seguridad” que, según el consistorio, también afectaban a los trabajadores.

Los representantes de ERC, CUP, PSC y Vic En Comú Podem han protestado este lunes durante el pleno municipal contra la clausura, coincidiendo con el debate de una moción impulsada por la oposición que pedía mantener abierto el equipamiento mientras se define un nuevo modelo de atención. El cierre pone fin a un recurso creado durante la crisis económica para atender situaciones de emergencia habitacional y exclusión social. Para ell Ayuntamiento, el cierre es parte de la apuesta por un modelo basado en pisos de emergencia y una atención más individualizada.

Núria Homs, regidora de Benestar y Família del Ayuntamiento de Vic, ha sostenido que el albergue había “dejado de cumplir su función original de alojamiento temporal” y que, con el tiempo, se había convertido en “un espacio de estancia prolongada”. Según el gobierno municipal, el perfil de los residentes ha cambiado mucho y el albergue pasó a un ambiente muy conflictivo. Homs ha defendido que actualmente están disponibles 15 pisos sociales con la capacidad para hasta 60 personas.

La oposición, por su parte, cuestiona la decisión y la atribuye a una estrategia con fines electorales. Arnau Martí, representante de Vic en Comú, reconoce que el recurso presentaba carencias, pero defiende que “era un servicio público esencial para los colectivos más vulnerables”. Martí rechaza, además, el argumento del gobierno municipal de que este tipo de equipamientos generan un “efecto llamada”—la idea de que las políticas sociales a migrantes incentivan la llegada masiva de nuevas personas—y sostiene que ocurre “justamente lo contrario”.

Los grupos que impulsaron la moción (ERC, CUP, PSC y Vic En Comú Podem)reclaman que el albergue permanezca abierto hasta que exista una “alternativa plenamente definida” y que se garantice un seguimiento individualizado de las personas afectadas por el cierre. La propuesta se debatió en el pleno municipal, donde varios vecinos y usuarios expresaron su malestar. Martí ha calificado la decisión del gobierno municipal de Junts como “un error” y la ha vinculado la decisión a una tendencia que se “aproxima a los discursos de los gobiernos del PP y de la Aliança Catalana” en materia migratoria y de exclusión social.

En Badalona, el gobierno de Xavier García Albiol (PP) rechazó en marzo la reapertura del albergue municipal de Can Bofí Vell. El equipamiento permanecía cerrado desde 2024, según el consistorio, “por problemas de gestión y deudas acumuladas atribuidas a anteriores gobiernos”. El ejecutivo local ha mantenido su decisión incluso después del desalojo de más de 400 personas del antiguo instituto B9, considerado el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. La decisión también ha generado protesta entre algunos de los vecinos de Badalona

La clausura del albergue social de Vic también afectó a los trabajadores vinculados al servicio. Los contractos, previstos hasta septiembre, fueron finalizados todos el pasado 31 de mayo. El gobierno municipal ha señalado que la finalización de los contractos ya estaba prevista y que están trabajando para recolocar al personal.