La Comisión Europea ha activado la cuenta atrás definitiva

para la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo

- elemento principal del nuevo paquete migratorio europeo – fijada para el próximo 12 de junio. Según funcionarios del Ejecutivo comunitario, Bruselas ultima los detalles de este gran marco normativo, cuyo despliegue coincide estratégicamente con el acuerdo alcanzado para permitir

la expulsión de migrantes en situación irregular

a centros ubicados fuera del territorio de la Unión Europea.

Así,

el bloque da un nuevo giro a su política migratoria. El acuerdo de este lunes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo – destinado a reformar de forma paralela la directiva de retornos – permitirá a los países “agilizar el proceso de retorno y aumentará el número de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE”. En otras palabras, esta nueva medida permitirá a los Estados miembros deportar a los migrantes con orden de salida a centros de detención ubicados en terceros países. Este modelo, inspirado en el

acuerdo bilateral entre Italia y Albania,

pretende aumentar una tasa de devoluciones efectivas que Bruselas califica de “insostenible”.

Un marco legal

El nuevo marco no impone a los Veintisiete, sino que levanta las barreras legales para que los Estados puedan, voluntariamente, externalizar sus deportaciones. Para dar cobertura legal a estos centros externos, la UE se sirve de dos instrumentos normativos que ya tiene listos: el catálogo de “países de origen seguros” y la revisión de las reglas sobre “terceros países seguros”. Cuenta con el fuerte respaldo de países como

Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca o Grecia,

mientras que España se sitúa en el reducido grupo de países que rechazan el modelo.

Además de los centros externos, el texto sobre retornos endurece los mecanismos de control dentro de las fronteras comunitarias. Las autoridades nacionales tendrán mayores facultades, incluyendo la posibilidad de

realizar registros domiciliarios,

aplicar períodos de detención e internamiento más amplios, imponer sanciones y prohibiciones de entrada a quienes no colaboren, y ampliar la recopilación de datos biométricos. Las disposiciones sobre los centros en terceros países podrían activarse de forma inmediata una vez se completen los últimos trámites legislativos y el texto reciba el aval formal definitivo del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE.

Novedades en el ámbito migratorio

Este blindaje de las deportaciones cierra y complementa así el paquete migratorio europeo, cuyo eje principal, el

Pacto de Migración y Asilo,

arranca en menos de dos semanas. Funcionarios de la Comisión Europea confirmaron este martes que los pilares fundamentales de este gran pacto aprobado en 2024 ya están listos tras un periodo de transición en el que equipos especializados han asesorado a los gobiernos nacionales.

Entre las innovaciones que se activarán el 12 de junio destaca el control sistemático de

todas las llegadas irregulares y los procedimientos fronterizos

obligatorios para solicitantes procedentes de países con bajas tasas de aprobación de asilo (inferiores al 20 %). Actualmente, quince Estados miembros ya disponen de la capacidad operativa para aplicar estas normas y el resto ultima sus infraestructuras.

La otra gran columna vertebral digital es el nuevo sistema Eurodac, una base de datos biométricos encargada de almacenar y comparar las huellas dactilares de solicitantes de asilo y migrantes irregulares. Once Estados miembros ya están preparados para su puesta en marcha este mes de junio y los demás realizan las últimas pruebas técnicas para limitar los movimientos secundarios entre países.

Los países más expuestos

Respecto al equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, el nuevo mecanismo del pacto busca dar apoyo a los países más expuestos del Mediterráneo. El Consejo activó un plan específico para

Grecia, Chipre, España e Italia

, y la gran mayoría de los socios europeos ya ha comunicado formalmente las plazas disponibles para asumir estas transferencias de migrantes.

Este endurecimiento refleja un cambio profundo en el mapa político del continente, donde el avance de las fuerzas conservadoras y nacionalistas ha colocado la migración en el centro de la agenda pública. El respaldo a las nuevas medidas ha roto los bloques tradicionales, sumando apoyos de la derecha, la extrema derecha y de ciertos gobiernos socialdemócratas.

En el lado opuesto, la iniciativa enfrenta una fuerte

oposición de organizaciones humanitarias y de la izquierda europea.

Los críticos alertan de que la externalización de los retornos debilita las garantías jurídicas de los migrantes y eleva el riesgo de sufrir vulneraciones de los derechos humanos en países terceros que carecen de sistemas de protección.vColectivos civiles advierten también de que la extensión de los plazos de internamiento, los registros domiciliarios y la

falta de un control judicial estricto

fuera del territorio de la Unión Europea amenazan con crear limbos jurídicos.