El Consejo Superior de Política de Inmigración, con la participación de todas las comunidades autónomas, se reúne hoy en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para analizar la distribución en la Península de 500 menores inmigrantes de los casi 800 que están acogidos en Canarias; desbordada por la continua llegada de cayucos a sus costas.

Si el traslado de inmigrantes adultos desde Canarias, Ceuta y Melilla a la Península es ya algo habitual, ésta será la primera vez que se plantee la distribución de niños y adolescentes, ya que, según la legislación actual, las comunidades tienen las competencias en materia de menores y cada una tutela a los que se encuentran en desamparo en su territorio.

El problema es que Canarias, cuyo cupo máximo de acogida se ha fijado en 300 niños extranjeros, «se encuentra desbordada y no puede atender adecuadamente» al gran número de muchachos que ha recibido en los últimos meses, tal como explicó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera , tras reunirse el jueves con el Ejecutivo de las islas.

Comunidades como Cataluña y Asturias ya han hecho público un ofrecimiento formal de plazas – diez la primera y entre diez y quince la segunda – , aunque la mayoría de los gobiernos autonómicos esperan a la reunión de hoy para conocer la propuesta del Gobierno.

La consejera de Política Social de Murcia, Cristina Rubio, ofreció ayer al Estado los medios de que dispone la Administración regional para la acogida y asistencia a estos menores aunque insistió en que «deben adoptarse medidas disuasorias» para frenar la llegada masiva.

Rubio afirmó que desconoce el contenido de la propuesta que planteará el Ministerio para el traslado de medio millar de chavales no acompañados, y subrayó que la «política de menores exige gran responsabilidad y desde aquí prestaremos nuestra solidaridad, pero hasta donde podamos llegar».