Los extranjeros que estén en proceso de acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno no deberían ser expulsados. Esa es la recomendación que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha formulado a la Dirección General de Policía para que evite expulsiones del territorio mientras dura el proceso, que comenzó el pasado 16 de abril y acabará el 30 de junio. La institución pide que no se emitan órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros que no tengan antecedentes penales y cuya única condición sea la de encontrarse en situación administrativa irregular.

En una nota difundida este lunes, el Defensor pide también a la Policía que, cuando un extranjero manifieste que está en proceso de acogerse a la regularización y aporte papeles, se compruebe su documentación antes de iniciar la ejecución de una posible orden de expulsión. Lo ideal, concluye la institución, es retrasar la expulsión al menos “hasta que no haya pronunciamiento sobre la solicitud”, es decir, hasta saber si esa persona podrá acogerse o no a la regularización extraordinaria.

La recomendación llega después de quejas expresadas por personas extranjeras que han sido detenidas o informadas de que iban a ser expulsadas pese a que habían iniciado los trámites. Por lo general, agrega el Defensor, son personas que llevan bastante tiempo residiendo en España y que mantienen, por tanto, vínculos sociales, laborales y familiares en el país.

El Defensor circunscribe esa recomendación a las personas que carezcan de antecedentes penales y “no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública”. En España, existen dos caminos para expulsar a extranjeros que han cometido delitos: por un lado, la vía administrativa, que prevé la posibilidad de expulsar a su país a un extranjero por delitos que superen el año de prisión; por el otro, la vía penal, ya que en muchos casos las sentencias contra personas extranjeras prevén la sustitución de parte de la pena por la expulsión del territorio nacional. En la práctica, todo depende de la capacidad efectiva de la Policía (por ejemplo, por los convenios con países terceros) para realizar la expulsión.

La regularización masiva aprobada por el Gobierno, que prevé beneficiar a más de 500.000 personas, exige que la persona interesada presente certificado de antecedentes de su país de origen y de aquellos en los que haya residido en los últimos años. Pero tener antecedentes no es sinónimo de que su solicitud vaya a ser denegada. Cada caso será valorado por los equipos de extranjería, aunque la norma prevé que sean rechazadas aquellas personas que, por su historial delictivo, supongan una “amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública”.