Canarias demanda participar en el seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo a once días de que entre en vigor, el próximo 12 de junio. La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, anunció este lunes, tras el Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo autonómico ha aprobado un informe de posicionamiento ante la Administración General del Estado en el que reclama información sobre los recursos, los plazos y la aplicación territorial del nuevo marco europeo.

Delgado afirmó que el Gobierno de Canarias exige al Estado «información sobre los recursos y sobre todo el plazo de su aplicación» y advirtió de que, a día de hoy, el archipiélago sigue sin conocer las condiciones concretas del despliegue del pacto. «Todavía no ha sido convocada su conferencia sectorial y no sabemos cómo se va a implantar en Canarias ni en España este pacto migratorio», señaló.
La consejera explicó que el informe aprobado por el Consejo de Gobierno incorpora las aportaciones realizadas el pasado 13 de abril por los miembros del Foro Canario de la Migración. Según indicó, Canarias «no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas ese pacto» y todavía desconoce «las condiciones específicas de su despliegue en el territorio nacional y su proyección en las distintas comunidades autónomas», especialmente en aquellas que soportan una mayor presión migratoria.
El Ejecutivo autonómico reclama que se le incorpore de forma inmediata a los mecanismos de seguimiento y control de las condiciones de acogida y a los planes de contingencia previstos en el marco europeo. Delgado defendió que la participación de Canarias «no debe entenderse como una cuestión meramente consultiva, sino como una condición necesaria para anticipar el impacto, coordinar respuestas y preservar la cohesión social en los territorios afectados».

La consejera recordó que Canarias, como región ultraperiférica y frontera sur de la Unión Europea, ha soportado en los últimos años una elevada presión migratoria, con la llegada de más de 165.000 personas entre 2020 y 2025. A esa cifra sumó la situación de los menores migrantes no acompañados, que actualmente ascienden a 2.989 bajo tutela del Gobierno de Canarias.
Sostuvo que la presión sobre el sistema autonómico de protección «ha sido y sigue siendo muy elevada», mientras que los mecanismos de distribución hacia otras comunidades autónomas y otros Estados miembros continúan siendo «insuficientes». Por ello, el Gobierno canario exige participar en la toma de decisiones sobre los aspectos que se desarrollen en el marco del pacto europeo y en los planes de contingencia, con el objetivo de «conocer de forma directa su desarrollo, anticipar las necesidades, trasladar incidencias y contribuir a que su aplicación se ajuste adecuadamente a las singularidades territoriales, económicas, sociales e institucionales del archipiélago».

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Delgado concretó algunas de las cuestiones sobre las que el Ejecutivo autonómico reclama información: la asistencia letrada a las personas migrantes, los servicios de traducción e interpretación, la mediación cultural, la capacitación transcultural de los recursos humanos, las pruebas de determinación de la edad y la atención a los menores migrantes.

«Hay muchas cuestiones que cambian con el Pacto Europeo y las comunidades autónomas no hemos sido informadas», abundó la consejera, quien recordó la posibilidad de que Canarias se convierta en un espacio de retención de personas migrantes. «No sabemos cuánto tiempo se van a quedar retenidas. No sabemos si se va a trasladar esas personas a otros centros de retención en territorio peninsular o sólo va a ser Canarias», advirtió.

«Fracaso rotundo»
La consejera reconoció que ya no ve viable que se celebre una Conferencia Sectorial antes de la entrada en vigor del pacto, pero insistió en que el Gobierno canario debe participar en los mecanismos de seguimiento. «Como hemos sido excluidos del diseño y elaboración del plan nacional de respuesta a ese pacto europeo, lo que sí estamos exigiendo es la participación de Canarias en los mecanismos de seguimiento de los procedimientos», insistió. Y recordó además que el pasado 23 de abril remitió una carta a la ministra de Migraciones para solicitar la convocatoria urgente de la Conferencia tras el «fracaso rotundo» de la comisión sectoria del pasado 18 de mayo.