La población inmigrante contribuye más al sistema sanitario de lo que finalmente perciben por el mismo: utiliza menos el sistema que las personas nacidas en España y su acceso es «más limitado, más intermitente y más tardío». Eso es, al menos, lo que se desprende del informe ‘Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España’, elaborado por el Ministerio de Sanidad.

«Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en Atención Primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas», señaló este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del documento.
En concreto, la población nacida en España presenta entre un 18 y un 51% más visitas a Atención Primaria (AP), entre un 32 y un 69% más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38% más enfermedades crónicas que la población inmigrante, en función de la región con la que se compare. En lo que respecta a las enfermedades crónicas, la tasa de personas que padecen tres o más de estos problemas es hasta un 65% mayor en la población autóctona que en otras regiones.

El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico.

Los resultados son concluyentes: la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas. En cuatro de ellas —trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma— las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones.

Solo hay cinco excepciones en las que la población migrante presenta peores indicadores de salud; estas son la diabetes mellitus no insulinodependiente, en la región de Mediterráneo Oriental; la hipertensión arterial no complicada, en África; el infarto agudo de miocardio, en Europa, la insuficiencia renal crónica, en África; y los problemas con el sistema sanitario, en Latinoamérica.

Pese a la ventaja inicial del «migrante sano», el Ministerio de Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España. El informe atribuye este deterioro a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino. Asimismo, el documento identifica que las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva.

La sostenibilidad del sistema
Desde hace más de dos décadas, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se basa en un modelo de financiación a través de impuestos y de los Presupuestos Generales del Estado. En este marco, el informe, apoyado en el análisis de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subraya que la población inmigrante contribuye a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria. Esta conclusión se alinea con la evidencia internacional, como la recogida por la comisión de expertos de ‘The Lancet’, que señala que garantizar el acceso universal y equitativo no solo responde a criterios éticos y legales, sino que constituye también una decisión económicamente eficiente para los países de destino.

El estudio concluye que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de urgencias. La atención de patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia no solo tiene un mayor impacto en la salud de las personas, sino que implica un coste significativamente superior para el sistema. Por el contrario, el acceso a la atención primaria y a los servicios preventivos favorece el diagnóstico precoz, optimiza el uso de los recursos públicos y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del modelo sanitario.