El Ministerio de Sanidad ha presentado esta mañana un informe que compara el estado de salud de la población migrante con la de los nacidos en España

y que concluye que los extranjeros registran menos patologías crónicas, menor multimorbilidad y un consumo farmacéutico significativamente inferior.

El documento, que confirma el llamado efecto del inmigrante sano, llega en un momento de elevada presión asistencial y en plena discusión sobre la capacidad del sistema para absorber una demanda creciente, un contexto que el Ministerio apenas mencionó durante la presentación.

Sanidad subrayó que los nacidos en España presentan mayor prevalencia en 16 de las 21 patologías analizadas y que consumen más medicamentos que los migrantes. El informe aporta los datos para que el departamento de Mónica García construya su relato. Un relato que deja fuera una cuestión clave: por qué el sistema sanitario español no logra responder a la presión asistencial.

La ministra insistió en que la población migrante contribuye más de lo que cuesta, pero evitó abordar cómo se integra ese dato en un modelo que acumula déficits estructurales desde hace más de una década.

El contraste entre el discurso y los datos se hizo evidente desde el inicio. El informe muestra que

los españoles registran más enfermedades crónicas, más multimorbilidad y un consumo farmacéutico muy superior. Pero la presentación del documento se centró en destacar la menor utilización del sistema por parte de los migrantes, sin profundizar en las razones que explican ese patrón.

El propio estudio reconoce que

la población extranjera ha tenido históricamente un acceso más limitado, intermitente y tardío,

lo que ha favorecido una mayor dependencia de las urgencias. Esa realidad, sin embargo, quedó relegada a un segundo plano en la comparecencia de la ministra.

Sin financiación adicional

El Ministerio defendió que garantizar la universalidad sanitaria es una decisión eficiente desde el punto de vista económico. Pero el debate no se sitúa ya en la universalidad, sino en la

capacidad del sistema para sostenerla sin mecanismos de control ni financiación adicional.

Las comunidades autónomas, responsables de la gestión diaria, llevan meses advirtiendo de que la ampliación del acceso sanitario y la regularización extraordinaria proyectada por el Gobierno tendrán un impacto directo sobre sus presupuestos.

La presentación del informe no abordó ese punto, pese a que forma parte del análisis real de sostenibilidad.

El documento aporta cifras relevantes. La prevalencia de trastornos de ansiedad, alteraciones del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias y asma es significativamente mayor entre los nacidos en España. La tasa de personas con tres o más enfermedades crónicas es hasta un 65% superior. Y el consumo de medicamentos supera en un 62% al de la población africana y en casi un 50% al de la latinoamericana. Son datos que describen un perfil epidemiológico claro, pero que no pueden interpretarse al margen de la estructura del sistema.

La ventaja del “inmigrante sano” se deteriora con los años

El informe también reconoce que

la ventaja inicial del migrante sano se deteriora con los años de residencia en España.

La causa no es biológica, sino social: dificultades para acceder a vivienda, alimentación saludable o empleos estables, y exposición continuada a factores de riesgo.

El Ministerio mencionó este punto, pero lo hizo sin vincularlo a la

falta de políticas públicas que aborden esas desigualdades.

El resultado es un relato que presenta el fenómeno como inevitable, cuando el propio documento señala que es consecuencia directa de condiciones materiales que sí pueden modificarse.

El estudio identifica además barreras administrativas y legales que dificultan el acceso a la prevención y al diagnóstico precoz. La población latinoamericana declara más problemas con el sistema sanitario que los españoles, lo que evidencia obstáculos que no se resuelven con declaraciones de universalidad. El Ministerio evitó profundizar en este aspecto, pese a que forma parte del debate sobre la calidad del acceso.

Sanidad concluyó que garantizar el acceso universal a la sanidad no solo responde a principios de equidad y derechos, sino que constituye una decisión eficiente desde el punto de vista económico.

Pero la universalidad exige planificación, financiación y control, no solo declaraciones políticas,

y el Gobierno evita cuantificar el coste adicional mientras

insiste en un relato que no refleja la situación de los centros de salud ni la sobrecarga asistencial.

La universalidad ampliada, un riesgo jurídico

El jurista Ricardo De Lorenzo advierte de que la reforma sanitaria y la regularización extraordinaria proyectada por el Gobierno pueden generar un “riesgo jurídico evidente”

si se amplía el acceso sin mecanismos de control y sin una memoria económica que cuantifique su impacto real. Señala que la universalidad “no puede confundirse con ausencia de requisitos administrativos” y recuerda que el sistema necesita garantías para evitar desigualdades territoriales y sobrecarga asistencial. A su juicio,

la propuesta del Ministerio es incompleta y carece del soporte normativo necesario, lo que incrementa incertidumbres y posibles conflictos competenciales futuros.