Los inmigrantes no pagarán sus pensiones
Con salarios tan bajos, quedarse en la economía sumergida les ahorra las cotizaciones y eleva su sueldo neto, de modo que apenas la mitad termina aflorando

(EFE)

Juan Ramón Rallo
Juan Ramón Rallo

31/05/2026 Actualizado a las 19:16h.
El Gobierno está regularizando a casi un millón de inmigrantes con un argumento recurrente: contribuirán a financiar nuestras pensiones. Conviene, sin embargo, contrastar el eslogan con la evidencia que acaba de aportar la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Y su veredicto ha sido demoledor…: la regularización apenas sumará un 0,03 por ciento del PIB anual de aquí a 2050. Tres centésimas de PIB: una nadería que el organismo redondea directamente a cero en su cuadro de ingresos adicionales.

¿Cómo es posible que regularizar a un millón de personas en edad de trabajar apenas mueva la aguja? Por tres razones. Primera: la mayoría se termina marchando (por ejemplo, a otros países de la UE). España retiene, en promedio, a uno de cada dos inmigrantes; entre los no comunitarios que acumulan un año cotizado, a los dos años solo permanece la mitad y a los tres, apenas el 25 por ciento. Segunda: quienes se quedan cotizan poco. La base media de entrada es de 8.600 euros anuales, fruto de la elevada parcialidad y temporalidad en hostelería, construcción o servicio doméstico. Y tercera: incluso esa estimación menguada está inflada, pues presupone algo que la propia Airef tilda de irreal; a saber, que el cien por cien trabajará en la economía formal, cuando solo habilita el empleo declarado sin garantizarlo. Y no por capricho: con salarios tan bajos, quedarse en la economía sumergida les ahorra las cotizaciones y eleva su sueldo neto, de modo que apenas la mitad termina aflorando. De hecho, aun relajando todos estos supuestos –rebajando el porcentaje de quienes emigran de nuevo y elevando la base media de quienes sí afloran–, en el mejor de los escenarios los ingresos extra no llegan ni a una décima de PIB.

Con todo, los cálculos de la Airef adolecen de un problema adicional: omiten, conscientemente, que los inmigrantes que cotizan también devengan derecho a una pensión futura. Más ingresos a corto plazo, sí, pero también más gasto a largo. De ahí que su aportación neta resulte todavía inferior a ese raquítico 0,03 por ciento e incluso pueda tornarse negativa. Por eso el remedio de las pensiones públicas tampoco pasa por importar diez veces más mano de obra: más cotizantes hoy son más pensionistas mañana, lo que en nada corrige un sistema actuarialmente desequilibrado.

En suma, no contemos con la inmigración para reflotar las cuentas de la Seguridad Social. Lo cual no zanja por sí solo el debate migratorio, que es mucho más amplio y reviste otras muchas aristas: puede ser conveniente (o no serlo) abrir nuestras fronteras al margen de sus efectos sobre las pensiones. Lo que sí queda desmentido es el argumento instrumental y demagógico de que basta con importar trabajadores para apuntalar el sistema sin reforma alguna. Los inmigrantes no van a pagar nuestras pensiones; acaso, con el tiempo, terminemos pagando entre todos las suyas. Quien lo apuesta todo a ese espejismo para justificar su inmovilismo es quien realmente pone en riesgo su jubilación.