El proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras abierto en España el pasado 16 de abril ya ha atravesado su ecuador, no sin problemas. Las instituciones regionales y locales implicadas en el proceso en Canarias consideran que el Estado no facilitó en tiempo y forma la información necesaria y, lo más preocupante a día hoy, cargó a los ayuntamientos con una serie de tareas burocráticas para las que, dicen ellos, no están preparados.

De ahí que recientemente la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional haya activado un grupo de trabajo, a través Foro Canario de la Inmigración, con el objetivo de detectar las principales dificultades con la que se enfrentan los ciudadanos en este procedimiento, que se calcula en las islas podría beneficiar a más de 45.000 personas, aunque las cifras varían.
Ese grupo también pondrá el acento en unificar respuestas, comunicación y coordinación entre administraciones públicas de diferentes territorios y con las entidades acreditadas como colaboradoras en el proceso.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabeth Santana, es la presidenta del grupo que también integran la Asociación Instituto Intercultural Canario (Incan); la Asociación Social Solidaridad Venezuela; la Federación Asociaciones Arena y Laurisilva; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias; Comisiones Obreras Canarias; y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife.

A su vez, se ha pedido opinión a la Fecam (ayuntamientos) y la Fecai (cabildos). Afirma Elisabeth Santana que desde el Gobierno de Canarias «hemos formado a 650 profesionales» para apoyar este proceso y «anticipar» una necesidad, aún no teniendo competencias en materia de extranjería. Asegura que la principal queja viene de los ayuntamientos que «se han visto solos», sobre todo los municipios más pequeños, donde, en algunos casos, disponen de una única trabajadora social para atender la demanda de información y dar curso a los certificados de vulnerabilidad.
Precisamente éste se ha convertido en un verdadero tapón administrativo, un documento que aunque no obligatorio en muchos casos, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración considera «innecesario», ya que la vulnerabilidad ya se demuestra por sí misma en las personas demandantes de permisos de residencia y trabajo –por un año, para España y a renovar–.

En este punto, Montserrat Cosano, miembro por Comisiones Obreras (CC OO) del grupo de trabajo del Foro Canario de la Inmigración, señala que una vez superado «el colapso inicial» del proceso de regularización, y partiendo de la base de que el Estado «tardó muchísimo tiempo en acordar la regularización y en publicarla», luego no dio tiempo para su materialización. Con todo, «ha sido todo muy confuso en las dos o tres primeras semanas, porque en realidad ni la Administración pública ni los agentes estábamos preparados para asumir el volumen de personas que nos iban a llegar». Y se tardó «muchísimo en darnos los códigos para poder acceder a los registros».
La confusión inicial, dice Cosano, además de por la avalancha, fue «por el número de documentos que había que coger, que este sí, que este no, que todos, que cuantos más, mejor…».

Superado el trance, los CITE (Centros de Información a personas Trabajadoras Extranjeras o Migrantes) «han sido una pata fundamental» en el asesoramiento directo y personalizado a todas aquellas personas interesadas en la regularización. Recalca la representante de Comisiones Obreras ese «tratamiento muy personalizado» gracias al que «hemos recopilado la documentación que se precisaba, hecho el acompañamiento y finalizado la regularización con el registro». Por el momento, de las casi 550.000 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes, a nivel nacional, han sido admitidas unas 91.000. Una vez presentada la solicitud, automáticamente, el que no lo tuviera, obtiene el NIE (Número de Identidad de Extranjero), el número de la Seguridad Social, y los permisos de residencia y de trabajo; por un año a contar desde la tramitación y exclusivamente para España.
Un momento de supuesta felicidad para el solicitante de regularización. Sin embargo, «hay miedo». En Comisiones Obreras aseguran que «la gente viene con mucho miedo por el futuro que les espera, viendo cómo está la ultraderecha amenazando y atacando a la clase trabajadora emigrante, y a los emigrantes en general. Lo que les surge es mucho miedo».

«Hay miedo a la expusión»
Montserrat Cosano explica que «vienen con el miedo de que si se regularizan puedan llegar a ser expulsados». Es un temor que viene asociado a estar legalmente registrados y descubriendo unas identidades ocultas hasta ahora para el sistema.

«Muchas personas que llevan a lo mejor dos, tres, cuatro… hasta 15 años en España que no habían regularizado su situación» y que tienen una serie de derechos que la economía sumergida en la que transitan les ha devorado, «en condición de explotación laboral y precariedad, de esclavitud». En CC OO «estamos haciendo pedagogía» en pos de un cambio de mentalidad de los trabajadores, pero también «vamos a estar muy pendientes de todas aquellas empresas que hoy en día tienen a la gente de manera irregular», dice Cosano.

En esta línea, Podemos Canarias que ha abierto recientemente su sede en La Laguna como punto de información del proceso de regularización de personas migrantes, asegura que «abrir derechos nos beneficia a todas, y regularizar para que todas esas personas que ya están aquí y prestan servicio, trabajo aquí, puedan hacerlo con garantías de legalidad y de seguridad», en palabras de Idaira Afonso, secretaria de Derechos Sociales.