Colombia afronta la primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo con el desafío de reactivar la economía para sostener los avances sociales impulsados durante el mandato de Gustavo Petro. Las profundas reformas han conllevado un fuerte aumento del endeudamiento público, el déficit fiscal y una caída de la inversión extranjera. El presidente, quien tiene prohibido por ley presentarse a la reelección, abandona el poder como el primer dirigente de izquierdas en gobernar el país, aunque también deja tras de sí un Congreso dividido y marcado por constantes tensiones que bloquearon buena parte de su ambiciosa agenda.

Petro llegó a la Presidencia en agosto de 2022 bajo el lema del «Gobierno del Cambio». Su proyecto apostaba por una transformación profunda del modelo económico, social y ambiental. Para impulsar sus programas, el izquierdista construyó una alianza con partidos tradicionales de centro y centroderecha, aunque la coalición se fragmentó enseguida. ¿El detonante? La reforma sanitaria impulsada por el Ejecutivo, que buscaba reducir de forma drástica el papel de las EPS, las aseguradoras privadas. Los sectores conservadores rechazaron la propuesta desde el inicio y el Gobierno tampoco mostró disposición a modificar sus líneas esenciales.

La división parlamentaria frustró gran parte de las ambiciosas reformas con las que Petro llegó al poder y con las que pretendía desmontar lo que consideraba las bases del modelo neoliberal colombiano. El intento de transformar el sistema sanitario es uno de los mayores fracasos de su administración y representa ahora uno de los asuntos más urgentes para el próximo presidente. El director de la Federación Médica Colombiana, Diego Fernando González, sostiene que la sanidad del país se encuentra «colapsada» y alerta sobre la escasez de medicamentos, el aumento de las quejas de los pacientes y la creciente deuda de las EPS, que, según afirma, «deben millones de dólares a hospitales, clínicas y laboratorios». Además, lamenta que ningún aspirante haya presentado un plan «serio» para afrontar la crisis estructural que el país arrastra desde hace años.

Por otro lado, la reforma de las pensiones sí figura entre los principales logros políticos del mandatario. Se aprobó un sistema de cuatro pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y complementario) y fijó en 2,3 salarios mínimos el umbral obligatorio para cotizar en Colpensiones, además de nuevas ayudas dirigidas a adultos mayores y hogares vulnerables. Unas medidas que consideran contribuyeron a estimular la economía y favorecer el crecimiento del producto interior bruto (PIB). Aunque la expansión económica fue moderada durante el mandato, el PIB creció un 2,6% en 2025, después del 1,5% registrado el año anterior, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En este sentido, la reforma laboral y el incremento del salario mínimo –que acumuló una subida del 23,7%– también aparecen entre las principales apuestas sociales del Gobierno petrista. Sus impulsores sostienen que fortalecieron el consumo interno y ayudaron a reducir la desigualdad. el Ejecutivo consiguió sacar la propuesta adelante y aprobar cambios como la restitución del pago completo de horas extras y mejoras en las jornadas nocturnas. Sin embargo, estas políticas también elevaron considerablemente la deuda pública, que alcanzó el 61,5% del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1% contabilizado un año antes, según el Ministerio de Hacienda.

El déficit fiscal se ha convertido en una de las mayores inquietudes de los analistas, quienes coinciden en que el futuro presidente, además de enfrentarse al reto de gobernar en un país fragmentado, con unas finanzas públicas tensionadas y un sistema de salud colapsado, también deberá atajar el deterioro de la seguridad, agravado por el fortalecimiento de los grupos armados y el auge del narcotráfico. Precisamente, uno de los grandes objetivos de Petro al inicio de su mandato consistía en avanzar hacia el fin del conflicto armado.

La analista política Sandra Borda considera que el principal desafío para Colombia es la seguridad. Según advierte, las estructuras criminales han ampliado su presencia en distintas regiones del país y, a su juicio, la política de «paz total» impulsada por el Gobierno ha fortalecido a esas organizaciones. Petro abrió en 2022 negociaciones con guerrillas y disidencias de las FARC, pero muchos de esos actores aprovecharon el proceso para aumentar su número de integrantes, el control territorial y multiplicar los enfrentamientos. Este deterioro coincide además con el décimo aniversario del acuerdo de paz firmado con las FARC, un pacto que redujo la intensidad del conflicto, aunque no logró impedir la aparición de nuevas bandas. El crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado también ha tensionado la relación de Colombia con Estados Unidos.

Aun así, el oficialismo mantiene opciones de continuar en el poder. Las encuestas sitúan a Iván Cepeda entre los tres principales aspirantes a la Presidencia con entre el 30 y 37% de la intención de voto, lo que alimenta la esperanza del petrismo de preservar parte de sus reformas si el senador logra imponerse y el partido Pacto Histórico se consolida en la segunda vuelta del 21 de junio. Cepeda, de 63 años, comparte la apuesta por el diálogo para resolver el conflicto armado. Su padre, Manuel Cepeda, dirigente del Partido Comunista, fue asesinado en 1994 por agentes del Estado cómplices con paramilitares.

El candidato oficialista también propone mantener políticas como el incremento del salario mínimo, la reducción de privilegios para los congresistas y una redistribución de tierras en uno de los países con mayor desigualdad en la propiedad rural.

Su principal rival es el ultraderechista Abelardo de la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, con entre un 21% y un 31% de intención de voto. El abogado y empresario de 47 años irrumpió en la política con un discurso antisistema y de línea dura similar al de otros dirigentes latinoamericanos. Su programa plantea reducir la burocracia y estimular la producción nacional para enfrentar el deterioro fiscal «sin meter la mano al bolsillo de la gente».

Por su parte, Paloma Valencia, candidata del partido conservador Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, aparece como tercera fuerza en intención de voto y podría desempeñar un papel decisivo, porque todo apunta a que solo uno de los dos derechistas pasará a la segunda vuelta y, si se suma la intención de voto de ambos, Colombia cerraría la era Petro con un vuelco ideológico.