El acuerdo entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha sufrido este jueves un importante revés tras negarse el gobierno del popularJosé Luis Sanz a dar su apoyo a una moción en favor de la “prioridad nacional” presentada en el pleno, lo que ha provocado a su vez la negativa de Vox a dar su visto bueno a un plan de ajuste económico planteado por el PP. Se trata de la primera desavenencia importante entre ambas formaciones que se ha vivido en el Ayuntamiento desde que, en diciembre de 2025, se sellara un pacto que debía dar estabilidad a lo que queda de mandato, hasta mayo de 2027.

La moción sobre la prioridad nacional presentada por los concejales de Vox plantea negarle a los inmigrantes sin papeles la atención sanitaria no urgente o establecer la prioridad de los españoles en el acceso a todos los servicios públicos, las ayudas sociales y los planes de vivienda de la administración local. El argumentario básico es el mismo que Vox viene defendiendo en todo el territorio pero su plasmación práctica en esta moción llevada hoy al pleno va mucho más lejos de lo que el PP ha aprobado, por ejemplo, en Extremadura, donde se ha suavizado de alguna manera el criterio de exclusión para primar “el arraigo” en lugar de la “nacionalidad” en el acceso a ayudas o servicios.

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Uno de los puntos de la propuesta de Vox llevada al pleno de Sevilla insta a “implementar cuantas medidas sean necesarias, dentro del ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Sevilla, para establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda de esta administración local”.

También reclama que se garantice la prioridad nacional de los españoles “en todos los frentes de la vivienda: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda”.

En relación a la atención sanitaria, propone “instar a la Junta de Andalucía a que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, implemente las medidas necesarias para impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario, garantizando así, la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario”. El sistema sanitario español garantiza el acceso universal a la sanidad.

Además, propone que el Ayuntamiento ceda toda la información del padrón municipal para detectar a quienes residen en Sevilla sin permiso y pueda así iniciarse el proceso de devolución.

Tanto el PP como la izquierda representada en el pleno han rechazado la propuesta, por lo que ésta no ha salido adelante. El gobierno del PP considera que lo planteado es inconstitucional pero, además, recuerda que todo lo que tiene que ver con el acceso a la sanidad excede de las competencias municipales. El primer teniente de alcalde, Juan Bueno, admite que hay argumentos en su propuesta que el PP podría compartir con Vox, pero hay otros que directamente son contrarios a lo que dispone la Constitución. Fuentes del gobierno local han explicado a EL MUNDO, que el PP pretendía presentar algunas enmiendas al texto original planteado por Vox o incluso aprobarlo parcialmente, pero el partido de Santiago Abascal se ha negado a rebajar el contenido de la moción.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, por su parte, ha negado que pedir que se atienda primero a los sevillanos tenga nada que ver con el “discurso del odio”, sino con tener claro “para quiénes deben estar orientadas prioritariamente las políticas públicas municipales”.

El desencuentro no sólo se ha hecho visible en este punto del orden del día. Tampoco se ha aprobado en esta sesión plenaria un plan de ajuste para las cuentas municipales que, a priori, contaba con el consenso del PP y de Vox y que formaba parte del acuerdo suscrito por ambas formaciones en diciembre de 2025. El gobierno municipal ha retirado ese plan del orden del día para evitar que la oposición se lo tumbara tras conocer que Vox había decidido no darle su apoyo.

Este primer rifirrafe se produce tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo y algunas fuentes del PP lo interpretan como una suerte de aviso a Juanma Moreno en el marco de la negociación que emprenderá la próxima semana con Vox para garantizarse la investidura.

Once días después de que las urnas se pronunciaran, el PP aún no ha establecido ningún contacto con Vox, lo que empieza a exasperar a la derecha radical y ha tensionado la relación entre ambos. Este mismo jueves, el que fue candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, se lamentaba del retraso de las negociaciones insinuaba que Moreno prefiere pactar con el PSOE antes que con Vox, recordando las palabras del presidente de la Junta en las que celebraba los acuerdos entre populares y socialistas en el marco de la Unión Europea.

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El acuerdo entre el PP y Vox para el Ayuntamiento de Sevilla se había convertido en una suerte de hoja de ruta a seguir en Andalucía, porque se consumó antes de que Vox adoptara la prioridad nacional como leit motiv de su acción política. Aunque el PP de Sevilla asumió en ese pacto entrar en algunas de las batallas de la derecha radical, frenando asuntos relacionados con la política ambiental de la UE, limitando las ayudas a programas de atención a la inmigración o dando financiación a movimientos antiabortistas, no tuvo que negociar el asunto de la prioridad nacional porque para Vox todavía no era prioritaria.

El partido de la derecha populista parece haber decidido que es el momento de encarecer el precio de sus apoyos al alcalde de Sevilla para, de esta forma, reivindicarse como la llave del del gobierno andaluz y dejar claro cuáles son sus credenciales.