«Triste sería que una ciudad que ha sido abierta, solidaria y cohesionada, no admitiese y se enfrentase a la solidaridad». Estas palabras las pronunció la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, en una entrevista concedida a NAIZ en mayo de 2023, poco antes de los comicios locales y forales. Al ser cuestionada sobre la polémica abierta en torno al Centro de Acogida Internacional de Arana afirmó de forma rotunda que tanto ella como su partido, el PSE, «somos solidarios, con palabras y con hechos».

Tres años después, los hechos son los siguientes: en Gasteiz, concretamente en el sur de la ciudad, hay más de un centenar de personas, la mayoría procedentes del norte de África, que viven en la miseria, entre basura y ratas. El miércoles tuve la ocasión de entrar por primera vez en las fábricas abandonadas de Urssa y Ega. Y la imagen fue desoladora. No hay luz, ni agua. La puerta de uno de los edificios está quemada. Las ventanas rotas. Hay camas en los cobertizos exteriores y en los bloques de oficinas.

«No tenemos casa. Mejor aquí que en la calle», nos explicó un joven de 23 años procedente de Argelia, que ha sido clasificado con el color verde por parte de la Ertzaintza. Carece de antecedentes. No es una amenaza directa para una sociedad en la que emergen discursos racistas y xenófobos. La extrema derecha lleva años señalando al diferente, recogiendo firmas para limitar las ayudas sociales. Y las instituciones públicas han caído en el juego de PP y Vox, señalando el origen de los detenidos, sin reparar en el verdadero problema: la pobreza y la desigualdad social.

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Apenas cien metros separan Urssa y Ega de Goikolarra, un nuevo barrio en el que el piso más barato cuesta más de 400.000 euros. Tampoco son baratos los apartamentos en Gazalbide, donde está el Conservatorio Jesús Guridi. La semana pasada, la Policía Local expulsó a las personas que dormían en los soportales. El Ayuntamiento las echó «por cuestiones de salubridad». Y hace un par de meses hizo lo mismo con quienes pernoctaban junto al Iradier Arena.

Según los datos del Consistorio, hay 358 personas sin hogar en la ciudad, y solo 94 tienen plaza en los recursos municipales: Aterpe y Cmas. El propio responsable de Políticas Sociales, el jeltzale Lucho Royero, reconoció esta semana que «el sistema está saturado y no da abasto». ¿Y cuál es la alternativa para estas personas?, ¿qué ocurrirá con quienes habitan en Urssa y Ega cuando el juez autorice el lanzamiento?, ¿dónde irán?.

El jeltzale Lucho Royer reconoció esta semana que el sistema de acogida «está saturado y no da abasto»

Hace ya cinco años, colectivos sociales plantearon estas mismas preguntas ante el desalojo inminente de los bloques ocupados de Olarizu. La operación policial se ejecutó en junio de 2021, y días después se procedió al derribo de los edificios. Gorka Urtaran, entonces alcalde de la ciudad y actual diputado de Políticas Sociales de la Diputación de Araba, afirmó que «la vulnerabilidad ha sido analizada al detalle». «El resto tendrá que saber que hay unas obligaciones y unos derechos».

A muchos no se les brindó una alternativa habitacional y acabaron en la antigua Fournier, donde a día de hoy siguen viviendo personas sin hogar en unas condiciones similares a las que se dan en Urssa y Ega. La factoría está junto a Errekaleor, que lleva más de una década haciendo frente a la presión de las instituciones. Y el 13 de mayo se vivieron momentos de tensión, después de que al parecer agentes de la Ertzaintza conminaran a los habitantes de Urssa y Ega a desplazarse al barrio autogestionado.

Un testimonio recabado por Hala Bedi y Alea explicó que, días antes de aquellos hechos, en la noche entre el 10 y el 11 de mayo, la Ertzaintza se acercó de madrugada a Urssa e identificó a las personas presentes, clasificadas por colores en función de los antecedentes –verde, ámbar y rojo–. Al día siguiente regresaron los agentes, asegurándoles que en breve serían desalojados e instándoles a ir a Errekaleor. Según residentes de la fábrica, les proporcionaron la dirección del barrio libre.

Las personas que pernoctan en Urssa y Ega reconocieron que la propia Ertzaintza les conminó a ir a Errekaleor

Errekaleor Bizirik, arropado por decenas de colectivos sociales, sindicatos y asociaciones vecinales, respondió con una concentración masiva en la plaza de Los Fueros, donde alertó de que «quieren enfrentar a la clase trabajadora para que no señalemos a los que de verdad tienen responsabilidades». Censuró que la primera edil, la misma que evocó en campaña una ciudad «abierta, solidaria y cohesionada», «no asume la responsabilidad política de que haya gente viviendo en las calles de su ciudad».

«En lugar de usar las casa vacías para dar una respuesta habitacional digna a las personas que viven en situación de calle, manda a todos los cuerpos policiales a reprimir», volvieron a señalar desde Errekaleor en un comunicado publicado en redes tras la operación policial de este miércoles, e hicieron un llamamiento a la ciudadanía para «empatizar» con quienes viven en Urssa y Ega. «Poneos en su piel y recordad que Gasteiz es una ciudad, migrante, que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, huyendo de la miseria, también se vieron obligadas a emigrar».

Nadie elige vivir entre basura y ratas para cobrar una ayuda, por más que se empeñen en ello algunos políticos. Nadie duerme en la calle, en fábricas o en lonjas por gusto. Y es preciso dar una respuesta a esta situación, más allá de un dispostivo policial.