No hay pueblos más cercanos al saharaui que los de España. Familias que acogieron a niños saharauis, asociaciones que viajaron a los campamentos, municipios que conservaron una memoria que el Estado prefería administrar en silencio y ciudadanos que entendieron que el Sáhara Occidental era una herida abierta en la propia historia española. Esa cercanía existe, es real y profunda. Pero también es insuficiente. El problema de la solidaridad española con el pueblo saharaui es su debilidad política: capacidad para condicionar la política exterior y convertir la simpatía social en presión democrática.
Hace años, en El Aaiún, bajo control marroquí, una delegación solidaria procedente de Galicia escuchó algo que sigo creyendo hoy: no necesitamos solo compasión emocional; necesitamos posiciones políticas capaces de influir en la España oficial y en la España profunda. No basta con querer al pueblo saharaui. Hay que reconocerlo como sujeto político.
El Sáhara Occidental sigue pendiente de descolonización. Naciones Unidas lo mantiene en la lista de territorios no autónomos desde 1963, tras la información transmitida por España sobre el entonces Sáhara español. El Tribunal Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1975, tampoco reconoció vínculos de soberanía territorial que pudieran anular el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La voluntad libre del pueblo saharaui sigue siendo el punto que ningún gobierno puede borrar sin violentar el sentido del derecho internacional.
Por eso resulta tan grave el comportamiento de una parte de las élites españolas. Muchos políticos hablan del Sáhara cuando están en la oposición. Pero cuando llegan al poder, el tono cambia. La palabra autodeterminación desaparece. El lenguaje se enfría. La memoria se administra. La justicia se aplaza.
Existe, además, un fenómeno que España evita nombrar con claridad: para ciertos sectores del dinero, de la política, de la seguridad, de los partidos y de la prensa, el Sáhara Occidental ha dejado de ser una cuestión de derecho para convertirse en una puerta de acceso a la influencia marroquí. No siempre se trata de corrupción en sentido penal, ni conviene lanzar acusaciones individuales sin pruebas judiciales. Pero sí existe un ecosistema de intereses donde Rabat ofrece acceso, relaciones, viajes, contratos, reconocimiento, información, proximidad institucional y utilidad estratégica. En ese ecosistema, el silencio sobre el Sáhara puede resultar rentable, mientras que la defensa del derecho saharaui a la autodeterminación puede convertirse en una incomodidad profesional, diplomática o económica.
La responsabilidad del periodismo español es igualmente seria. Parte del periodismo ha tratado la cuestión saharaui con honestidad y rigor. Pero otra parte la ha reducido a un problema entre Marruecos y Argelia, a una crisis migratoria, a una tensión diplomática o a una incomodidad en la relación con Rabat.
La consecuencia ha sido profunda: las redes de influencia vinculadas a Marruecos han logrado desplazar la cuestión saharaui del centro del debate español. No la han eliminado por completo, pero sí han contribuido a reducir su presencia en una parte del periodismo que se presenta como independiente. El éxito de esa estrategia consiste en fabricar una ausencia: hacer que el Sáhara exista en la memoria social española, pero no en la agenda política donde se toman decisiones.
El error estratégico de España ha sido mirar a Marruecos desde el miedo y a los saharauis desde la compasión. Marruecos aparece como actor de presión, frontera, seguridad, migración, comercio y chantaje potencial. El pueblo saharaui, en cambio, aparece como memoria humanitaria. Pero esa lectura es pobre y peligrosa. El pueblo saharaui nunca ha sido una amenaza para España. No ha utilizado la migración como arma. No ha presionado sus fronteras. Conserva una relación cultural, humana y afectiva profunda con la sociedad española. España no debería verlo como una carga heredada, sino como un interlocutor natural y estable.
El giro del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, al considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble», fue mucho más que un ajuste diplomático. Fue una señal de que Madrid estaba dispuesta a sacrificar parte de su responsabilidad histórica y jurídica para recomponer su relación con Rabat.
Algunos llamaron a eso realismo. Pero una política exterior seria no consiste en aceptar la presión del actor más insistente, sino en distinguir entre estabilidad y sumisión, entre prudencia y abandono, entre intereses legítimos y cesión de principios. En los últimos años, la cuestión saharaui ha sido tratada por la España oficial como una moneda de cambio. Se recuerda cuando conviene. Se invoca cuando hay tensión. Se silencia cuando hay acuerdos. Así, el Sáhara deja de ser una cuestión de derecho y se convierte en una pieza dentro del mercado de los intereses.
Pero el derecho vuelve. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó en octubre del 2024 la invalidez de acuerdos agrícolas y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos en la medida en que afectaban al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo del territorio. El consentimiento saharaui es una condición jurídica.
España no puede seguir lavándose las manos. Hubo un pueblo bajo administración española. España se retiró sin garantizar plenamente su derecho a decidir. Cincuenta años después, ese pueblo sigue esperando que la potencia que marcó una parte decisiva de su historia deje de comportarse como si la memoria no tuviera consecuencias.
La sociedad española debe preguntarse algo incómodo: ¿para qué sirve una solidaridad que no cambia decisiones? ¿Para qué sirven los discursos emotivos si no se traducen en presión parlamentaria, mediática y social?
El pueblo saharaui no pide a España caridad. Pide coherencia y responsabilidad. La cercanía entre los pueblos de España y el pueblo saharaui es una de las pocas reservas éticas que quedan en esta historia. El Sáhara Occidental no es una causa extranjera para España. Es una deuda española que sigue hablando en presente.