El Tribunal Supremo rechaza que mantener el proceso de regularización de inmigrantes vaya a producir una alteración del censo inmediata, como sostiene Vox. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha notificado este jueves los autos en los que argumenta su decisión de no suspender de forma cautelar el real decreto con el que el Gobierno prevé que más de 500.000 personas que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. En sus escritos, los magistrados descartan que dejar que el proceso siga adelante mientras el tribunal decide sobre los recursos presentados contra la regularización pueda causar efectos “irreversibles”. La sala rechaza también la tesis de la Comunidad de Madrid, que reclamó frenar el proceso con el argumento de que este va a causar un “impacto” directo e inasumible en los servicios públicos.

Los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan respuesta a los recursos contra la regularización de inmigrantes que han presentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox y tres asociaciones (Hazteoír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica). El tribunal celebró la semana pasada cinco vistas, una por recurso, para analizar la petición de suspensión cautelar del decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado abril hasta que el Supremo delibere sobre el fondo (si la regularización es o no legal). Los magistrados se retiraron directamente a deliberar al acabar las vistas y, cuatro horas después, anunciaron su decisión: no hay razones para frenar el proceso de regularización de forma cautelar. Además, la sala negó la legitimación de las tres asociaciones para recurrir, por lo que sus impugnaciones no se van a estudiar.

Pero faltaba por conocer los argumentos de los jueces y eso es lo que se ha hecho púbico ahora. Cinco de los siete magistrados que forman el tribunal encargado de este asunto desestiman todos los argumentos expuestos por Vox y la Comunidad de Madrid, mientras que otros dos han presentado un voto particular discrepante porque consideran que sí hay motivos para mantener en pausa la regularización hasta que se resuelvan los recursos.

Una de las razones que más repite el partido de Santiago Abascal y que también usó en el Supremo intentar suspender el decreto es que la regularización va a producir una “alteración del censo electoral”. “La ley reconoce el derecho al voto en las elecciones municipales a los residentes legales, por lo que se van a sumar más de un millón de nuevos votantes”, aseguró el eurodiputado Jorge Buxadé, que ejerció ante el tribunal de abogado de la formación. El Supremo, sin embargo, asegura que “en absoluto queda acreditado” que mantener activo el proceso de regularización vaya a causar a Vox perjuicios “de imposible o difícil reparación” porque “esas alteraciones del censo invocadas y sus efectos no tienen un efecto inmediato”.

Tampoco aceptan los jueces que, como sostuvo el abogado de la Comunidad de Madrid, el decreto ponga al borde del colapso los servicios públicos. “No puede afirmarse en este momento procesal que haya quedado acreditado, sin género de duda”, responden los jueces. Estos cinco magistrados señalan que en el real decreto aprobado por el Gobierno subyace “un interés público especialmente cualificado (…) no solo por perseguir un interés público notorio, sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”. Además, advierte la sala, si se suspendiera el proceso se verían afectados los intereses de las propias personas que han solicitado acogerse a la regularización porque eso les obligaría “a seguir en la situación de irregularidad administrativa”.