Vox siempre ha estado ahí para el PP valenciano, fuese más o menos tensa la relación entre las direcciones nacionales. Los de Santiago Abascal dieron oxígeno político a Carlos Mazón cinco meses después de la dana y ahora permitirán a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, blindar el último tramo de la legislatura con la aprobación de unos nuevos presupuestos de la Generalitat. Una legislatura que arrancó con ambos partidos compartiendo gobierno, que continuó con una ruptura del pacto, que volvió a quedar en suspenso con la dana y cuyo final ahora queda únicamente en manos de Llorca. Solo él puede apretar el botón del adelanto electoral… si es que quiere.

El presidente de la Generalitat, a diferencia de Mazón, dejó este martes todo el protagonismo a Vox para anunciar un acuerdo con el que tendrá en bandeja sus primeras cuentas. De ahí que fuentes del PP celebrasen el pacto por lo que significa de «estabilidad política», pues llevaba semanas fraguándose en la sombra y al margen de contiendas electorales. Y más cuando el propio Llorca ha venido criticando la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y recientemente pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones.

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En el caso de la Comunidad Valenciana, se da por hecho que los de 2026 pueden ser los últimos presupuestos de la legislatura, pues con su aprobación en julio difícilmente PP y Vox querrán sentarse a negociar unas nuevas cuentas para el año que viene, a las puertas de las elecciones autonómicas. Es más, tanto PP como Vox han defendido en estos meses que no había prisa por sacar adelante unos nuevos presupuestos cuando los de 2025 entraron en vigor en junio de ese año.

Los presupuestos de la Generalitat de 2026 no echarán a andar antes de agosto, pues las Cortes Valencianas han tenido que modificar y alargar el calendario parlamentario para aprobarlos en el pleno del 21 y 22 de julio. El Gobierno valenciano los aprobará y presentará oficialmente este viernes. Es decir, cuatro días después de aprobar con dos de los cinco sindicatos de profesores convocantes de la huelga indefinida una subida salarial progresiva hasta 2028. Será de 200 euros brutos mensuales, con la promesa de su revisión al alza en dos años. El desembolso para las arcas públicas se calcula en torno a los 200 millones de euros.

«Españoles primero»
A la espera de conocer la letra pequeña, Vox ya ha avanzado que su voto a favor de las cuentas depende de la aceptación por el PP de la «prioridad nacional» en el reparto de ayudas sociales y, sobre todo, en el acceso a la vivienda pública, en línea con lo acordado para Extremadura y Aragón. El portavoz de Vox en las Cortes, José María Llanos, no pudo ayer ser más explícito: «La prioridad nacional es precisamente eso, los españoles primero».

Hasta la fecha, el PP ha venido defendiendo el concepto de arraigo y, por ejemplo, se negó a introducir la «prioridad nacional» en el endurecimiento de los requisitos que pactó con Vox para optar a la renta valenciana de inclusión. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, evitó ayer aclarar cómo se concretará la demanda de Vox: «Lo que tenemos es una prioridad en la gestión». El propio Llorca, apuntando a la bajada de impuestos, se limitó a decir que los presupuestos «empezarán a hacer justicia fiscal con la sociedad valenciana».

Además, Vox ha avanzado que los presupuestos de la Generalitat incluirán «nuevos recortes del gasto considerado innecesario o ideológico», lo que para los de Abascal debe comportar una nueva reducción de las subvenciones a patronal y sindicatos. El acuerdo entre ambos partidos contempla también medidas para combatir la inmigración «ilegal, masiva y descontrolada», como la creación de un servicio específico de control del «fraude padronal» y la «sobreocupación de viviendas».

Con los presupuestos encauzados y la legislatura encarrilada, en el PP valenciano esperan ahora que Génova dé luz verde al congreso regional que confirme a Llorca como líder del partido y próximo candidato a la Generalitat.