“¿Por qué la economía catalana crece pero no lo notamos en nuestros bolsillos?” Es la pregunta que se hacen miles de ciudadanos de a pie que viven y trabajan en Catalunya y que ha intentado responder el Informe Fènix, elaborado por un grupo de economistas que ha sacudido a la sociedad catalana, especialmente a algunos sectores del tejido empresarial catalán. A grandes rasgos, el estudio concluye que los sectores con los salarios más bajos no generan suficientes ingresos fiscales para sostener los servicios públicos más básicos de los que disfrutan los propios trabajadores, mayoritariamente migrantes.

Elaborado por los economistas Xavier Cuadras, Modest Guinjoan y Miquel Puig, el informe pretende confrontar el “cierto triunfalismo” presente en las cifras macroeconómicas oficiales de los últimos años, pero tiene “agujeros e identifica erróneamente las causas del problema”, concluye el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Aunque comparte el diagnóstico general, la entidad considera que el enfoque desplaza el foco hacia los trabajadores migrantes en lugar de cuestionar los sectores económicos, como el turismo de sol y playa y la industria cárnica, que generan precariedad.

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Rubén Martínez, codirector de IDRA, afirma en declaraciones a Públic que el modelo económico catalán se sostiene sobre “sectores de baja productividad”, como el turismo o la industria agroalimentaria intensiva, que dependen de una mano de obra mal remunerada y a menudo migrante. El centro del debate, afirma, no debería situarse en el perfil de los trabajadores, sino en la naturaleza del sistema productivo que necesita salarios bajos para mantener su rentabilidad.

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Una de las principales discrepancias gira en torno al concepto de “salarios altamente subvencionados”. El informe considera que aquellos empleos con sueldos inferiores a los 29.000 euros anuales acaban costando más al Estado de lo que aportan en impuestos y cotizaciones. Una afirmación que IDRA matiza: “Si una empresa paga un salario tan bajo que no genera suficientes recursos para financiar los servicios públicos de los trabajadores, quién se beneficia no es el trabajador, sino la empresa, que externaliza sobre la sociedad aquello que debería pagar en forma de salario digno”.

IDRA: “El modelo económico catalán se sostiene sobre sectores de baja productividad, como el turismo o la industria agroalimentaria intensiva”

Por ello, Martínez apunta que no se trata de “salarios subvencionados”, sino de un “subsidio encubierto al capital de baja productividad que tiene como condición el trabajo barato”. El codirector de IDRA considera que hablar de “salarios subvencionados” es “una manera no inocente de invertir el sujeto”, es decir, de desplazar la responsabilidad de los sectores económicos hacia los trabajadores.

Sobre el salario mínimo, Martínez defiende que no debería entenderse como un coste, tal y como consideran Foment o la patronal, sino como una inversión para transformar el modelo económico y aumentar la productividad. Defiende que aumentarlo debería ir ligado a una reestructuración planificada de los sectores económicos. “Salarios más altos llevarían a una mayor productividad y obligarían a abandonar actividades basadas en la precariedad, los subsidios públicos y la baja calidad productiva”, apunta.

Crítica a la asociación inmigración-precariedad
IDRA también cuestiona la manera en que el informe aborda la inmigración. Aunque reconoce que evita culpabilizar directamente a las personas migrantes de la precariedad, Martínez critica la asociación que hace entre inmigración, trabajo precario, baja cualificación y coste para los servicios públicos. “Los empleos precarios ya existían. La inmigración no los ha creado, solo ocupa el lugar que el modelo le tenía reservado”, afirma la entidad.

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Martínez sostiene que esta asociación es falsa porque, según dice, existe una “sobrecualificación” de la población migrante que llega a Catalunya. “No cobran menos porque aporten menos valor, sino porque el modelo les asigna las peores condiciones laborales. Tienen cualificaciones a menudo superiores a las de los autóctonos, pero se les han reservado los peores trabajos”, sostiene Martínez.

Según datos recogidos en el estudio de IDRA bajo el título El precio del prejuicio, España es, junto con Italia, uno de los países europeos con más trabajadores extranjeros sobrecualificados. Cerca del 50% desempeñan trabajos por debajo de su nivel formativo. Martínez también rechaza la idea de que “sobrecarguen” los servicios públicos y argumenta que, al ser mayoritariamente población joven y activa laboralmente, aportan más de lo que reciben.

La industria cárnica, en debate
Cuando hablamos de sectores “subvencionados” y con trabajadores precarios y de origen migrante, hablamos sobre todo del agroalimentario, especialmente de la industria porcina intensiva. El Informe Fènix calcula que los macro-mataderos reciben una subvención indirecta de unos 9 euros por tonelada de carne producida. Pero, según IDRA, esta cifra solo refleja una parte mínima de los costes reales asumidos de manera colectiva.

La entidad denuncia que el sector porcino industrial se beneficia no solo de subvenciones europeas, sino también de recursos ambientales explotados sin compensación y de mano de obra barata. Cita datos según los cuales las macrogranjas consumen anualmente unos 25.000 millones de litros de agua, una cantidad equivalente al 40% del consumo doméstico de Barcelona.

IDRA también alerta de que la industria es responsable de la contaminación por purines de las aguas subterráneas y de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al sector. Una problemática que entidades como el Grup de Defensa del Ter llevan años denunciando.

Rubén Martínez, codirector de IDRA: “Detrás de la apariencia de granjas familiares hay un modelo concentrado y controlado por grandes oligopolios”

Todo ello, asegura la entidad, permite sostener unos beneficios extraordinarios concentrados en pocas empresas: cinco grandes compañías facturaron más de 10.700 millones en 2024, mientras tres mataderos concentran el sacrificio del 60% de los cerdos de Catalunya. “Detrás de la apariencia de granjas familiares hay un modelo concentrado y controlado por grandes oligopolios”, apunta Martínez.

Según el codirector de IDRA, es “más barato” planificar una transición hacia otro modelo productivo que mantener la actual industria porcina catalana, pero considera que los gobiernos no intervienen porque el sector es “too big to fail”, es decir, “demasiado grande para dejarlo caer”, aunque cree que eso solo está aplazando una crisis social, económica y ecológica que considera inevitable.

Más allá de la construcción de vivienda
En cuanto a la vivienda, IDRA considera que el informe cae en el simplismo al situar la construcción de nuevas viviendas como principal respuesta a la crisis residencial. La entidad advierte que el problema no es solo la falta de oferta, sino la rentabilidad económica del mercado inmobiliario. “Se pueden construir muchas viviendas, pero si continúan entrando en el mercado como activos de inversión y no como espacios para vivir, los precios no bajarán”, resume.

Ante este escenario, IDRA propone un paquete de medidas orientadas a transformar la economía catalana. Entre las principales iniciativas está la limitación de la compra especulativa de vivienda, vinculando el derecho de adquisición al arraigo y al uso residencial, siguiendo modelos aplicados en países como Dinamarca o Singapur.

También reclama ampliar el parque público de vivienda, movilizar pisos vacíos y restringir los usos no residenciales. A nivel económico, defiende redirigir subvenciones y bonificaciones hacia pequeñas y medianas empresas, así como hacia proyectos productivos orientados a generar empleo estable y vivienda asequible.

Martínez, codirector de IDRA: “Economistas del ámbito socialdemócrata o socioliberal ven que los sectores mal remunerados son un problema”

Finalmente, la entidad apuesta por revertir la concentración empresarial e impulsar nuevas infraestructuras públicas vinculadas a una economía más sostenible y territorializada. Entre los ejemplos que plantea está Mercabesòs, un nodo de distribución alimentaria destinado a conectar la producción local con el consumo de proximidad.

A pesar de las discrepancias, Martínez cree que la elaboración del Informe Fènix es un “primer paso” para iniciar la transición hacia otro modelo económico y un síntoma “de que algo está cambiando”. El codirector de IDRA interpreta su publicación como una señal de que una parte del establishment económico empieza a mover posiciones. “Economistas del ámbito socialdemócrata o socioliberal ven que los sectores mal remunerados son un problema”.