El enfrentamiento entre el Gobierno de Ayuso y la Delegación del Gobierno por la reagrupación familiar de menores extranjeros no acompañados se intensifica. La Comunidad de Madrid quiere que 110 menores con perfiles conflictivos que están en centros de acogida de la Administración madrileña sean reagrupados con sus padres. Cree que «es lo más adecuado para el interés superior de los niños», pero la Delegación del Gobierno se resiste a iniciar el trámite. Su argumento es que no existen garantías suficientes de que el retorno se haga con las debidas garantías.

En este contexto de falta de entendimiento, que se prolonga desde hace meses, la Comunidad se lanza a una nueva ofensiva. De hecho, la presidenta de la

Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia

, Silvia Valmaña, prevé remitir una carta al delegado del Gobierno en Madrid para recordarle que ya hay 110 expedientes de reunificación familiar pendientes de activar. En ella le pide que «cumpla con las obligaciones legales atribuidas a la Administración General del Estado». Y, en caso de que todo continúe como hasta ahora, amenaza con emprender acciones judiciales.

Se trata del segundo aviso al delegado del Gobierno, ya que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, envió hace meses una carta a Francisco Martín solicitando que se agilizaran los expedientes de reagrupación familiar de menores extranjeros no acompañados, cuando la cifra era la mitad de la actual.

Este será, precisamente, uno de los asuntos que se abordarán en el Consejo de Gobierno de hoy, en el que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso conocerá un informe de la consejera Dávila sobre el estado de la situación, a la vista de que no consta que la Delegación del Gobierno haya iniciado ningún procedimiento de repatriación. Se trata de menores cuyas «alteraciones de conducta, deriva delictiva o consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad».

Y parece que tampoco hay intención de reactivarlo, pese a las exigencias de la Comunidad de Madrid, ya que el delegado sigue manteniendo la misma visión sobre esta cuestión, tal y como han confirmado a LA RAZÓN. Ya en su día, Martín replicó al Gobierno de Díaz Ayuso que «en lugar de pedir la expulsión de menores, la Comunidad

debería cumplir con sus responsabilidades de tutela.

Es un tema importante en el que hay que anteponer siempre el interés del menor frente a la amenaza que supone el racismo del PP de Madrid», defendió.

La Comunidad de Madrid lamenta ahora que, de los 110 menores afectados, 40 hayan alcanzado la mayoría de edad sin que se haya realizado trámite alguno, por lo que ya no podrán ser repatriados con sus familiares.

Falsos menores

A esta circunstancia se suma la de los falsos menores que ingresan en los centros de acogida de la Administración madrileña. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha presentado 16 denuncias contra falsos menores por un presunto delito de «estafa agravada», al haberse beneficiado «indebidamente» de la protección de la Comunidad de Madrid en un centro de acogida.

Esta circunstancia ha dado lugar a que agentes de Policía hayan efectuado ya las tres primeras detenciones, según le consta a la Administración autonómica.