“No es nada diferente a lo acordado en Extremadura y Aragón”, señalaba este martes el portavoz de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos. Sin embargo, el matiz es importante puesto que, al contrario que en estos dos territorios, donde la prioridad nacional se aprobó para facilitar una investidura, en el caso valenciano, será la primera vez que esta preferencia por los españoles (ante los extranjeros) se plasme en unos presupuestos regionales. Con partidas y números.

PP y Vox no han dado pistas sobre como se redactará esta cuestión pero la explicación de lo acordado por parte del líder de la derecha extrema ofrecida ayer no dejaba lugar a dudas: “Prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en las ayudas sociales y de acceso a la vivienda”. Y eso es lo que se deberá ver reflejado en las cuentas que se presentarán este viernes.

Otra pista: Llanos señaló que esta cuestión aparece en la posición No de Ley (PNL) que su grupo parlamentario presentó en el mes de abril. Entre las medidas recogidas en la iniciativa se incluye el establecimiento de la preferencia de los españoles en el acceso a prestaciones sociales y vivienda, así como la garantía de sostenibilidad del sistema sanitario. En este último ámbito, la propuesta contempla limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular a supuestos de urgencia vital.

Como esta propuesta no se debatió, hasta ahora el PP valenciano había jugado con el arraigo para no pronunciarse sobre si apoyaría o no la PNL de sus socios. Sin embargo, tras semanas de negociaciones, el síndic del PP, Nando Pastor, argumentó que a los populares esta cuestión ya no les incomoda. “La prioridad nacional es un tema superado”, argumentó ayer, al tiempo que, poniéndose la venda antes de la herida, adelantó que el PP nacional ya la contempla en los planes de inmigración o de vivienda aprobados por la calle Genova.

Y es que para el PP valenciano la aprobación de las cuentas era la verdadera prioridad. Entienden que, pese a las cesiones que se harán a la derecha extrema – ya se han avanzado recortes a patronal y sindicatos y es probable un nuevo tijeretazo a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) – , el poder tener unos nuevos presupuestos da muestra de la estabilidad del gobierno y la capacidad del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de llegar a acuerdos con Vox. Dos circunstancias que, ante las dudas que puedan surgir en la calle Génova, acercan al actual jefe del Consell a la candidatura a la Presidencia en 2027.

La incomodidad del PP valenciano con este concepto había sido evidente hasta hace apenas unas semanas. De hecho, dirigentes populares evitaban hablar de “prioridad nacional” y preferían referirse al “arraigo” o a la necesidad de ordenar las ayudas públicas en función de criterios sociales y de integración. Pero el endurecimiento del discurso migratorio de Vox, unido a la necesidad urgente de sacar adelante unos presupuestos después de meses de bloqueo, ha acabado desplazando las reservas iniciales. En privado, algunos cargos populares admiten que el acuerdo supone asumir marcos discursivos que hace un año habrían rechazado abiertamente, aunque defienden que la redacción final intentará evitar cualquier choque frontal con la legislación estatal o europea. La incógnita es hasta dónde llegará esa formulación y si tendrá un impacto real en las convocatorias de ayudas o quedará más bien como una declaración política dirigida al electorado conservador.

El movimiento tiene además una evidente lectura nacional. La dirección estatal del PP observa con atención el laboratorio valenciano, consciente de que la Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los principales escenarios de entendimiento con Vox tras las elecciones autonómicas. No es casual que Nando Pastor apelara a los documentos aprobados en Génova sobre inmigración y vivienda para justificar el pacto. En el entorno del Consell consideran que, si Juanfran Pérez Llorca logra aprobar las cuentas y estabilizar la legislatura, reforzará la idea de que el PP puede gobernar con Vox sin caer en la parálisis institucional que sí se ha visto en otros territorios. Pero también asumen que el coste político puede ser elevado: la oposición de izquierdas ya prepara una ofensiva parlamentaria y social denunciando que la “prioridad nacional” abre la puerta a discriminar a personas migrantes en el acceso a derechos básicos financiados con recursos públicos.