La

Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso que presentó la concejala de Vox en Valencia Cecilia Herrero

contra su procesamiento por un delito de odio, de modo que deberá ser juzgada por varios mensajes supuestamente racistas.

Los magistrados entienden que existen suficientes indicios racionales de criminalidad atribuibles a la concejala, por lo que, con el apoyo del fiscal, desestiman su recurso y dirigen el proceso hacia la apertura de juicio oral

El pasado mes de enero se hizo público que la Fiscalía Provincial pedirá una condena de 3 años de prisión para Herrero por l

a difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024.

Los hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.

Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).

En consecuencia,

la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses.

En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.

El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBI, personas racializadas y personas con discapacidad.

Entre los mensajes recogidos en el escrito se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad.

La Fiscalía destaca la reiteración de este tipo de expresiones a lo largo de varios años y su carácter público y accesible.

Tras conocer que se mantiene el procesamiento de Herrero, el portavoz del PSPV – PSOE en el Consistorio, Borja Sanjuan, se ha dirigido a la alcaldesa, Maria José Catalá, al señalar que: “no hace falta esperar a que lo diga un juez para saber que ser racista es incompatible con formar parte del Gobierno".

El dirigente socialista ha insistido en que “la principal responsabilidad política” recae sobre Catalá, “que ha decidido proteger y mantener a una concejala que realizó acusaciones gravísimas contra la población migrante”.

“Ahora que está a punto de sentarse en el banquillo, es absolutamente indefendible que siga manejando dinero público", motivo por el cual ha reclamado a Catalá que “deje de mirar hacia otro lado y actúe de manera inmediata para apartarla del Gobierno municipal”.