A poco más de tres semanas para que entre en vigor, Canarias acusa al Estado de mantener al archipiélago «sin información» sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo pese a su condición de frontera sur de la Unión Europea, por lo que se aplicará «a ciegas». La directora general de Inmigración del Gobierno canario, Elisabet Santana Rosales reclama al Ejecutivo central «transparencia, planificación compartida y el acceso continuo a información clave» para poder gestionar la llegada de personas migrantes, y advierte de que la comunidad no puede limitarse a ejecutar decisiones tomadas «desde Madrid o Bruselas» sin participar en su diseño.

«Son más las sombras que las luces», reconoce también coordinador territorial en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo.

Santana sostiene que el Gobierno central no ha concretado todavía cómo se desplegarán los nuevos procedimientos, qué recursos habrá, qué financiación se asignará, dónde estarán los dispositivos ni cómo se coordinarán las administraciones. «Nosotros no necesitamos un informe. Nosotros necesitamos claridad sobre protocolos y criterios, canales permanentes de coordinación, una participación vinculante, no solo consultiva», afirma tras la última comisión técnica para preparar la próxima sectorial de Inmigración. En esta reunión el Estado no dio respuesta a esas cuestiones, explica.

La principal preocupación de Canarias está en el triaje inicial que deberán pasar las personas que lleguen de forma irregular. Según la directora general, el nuevo marco prevé un periodo de 72 horas para reconocimiento médico preliminar, examen de vulnerabilidad, identificación, registro de datos biométricos, inspección de seguridad y cumplimentación de formularios. A partir de ahí, se determinará si la persona solicita asilo o se abre la vía de retorno. «¿Sabemos qué hay que hacer con el nuevo pacto migratorio? No lo sabemos. Ese es el problema», resume.

Lorenzo, por su parte, también destaca la preocupación de CEAR por ese triaje. Lo que pretende «es resolver las cuestiones relativas a la identificación, a la salud, a la seguridad y a la detección de especiales vulnerabilidades, y también a los espacios de retención y a los tiempos de retención cuando las personas están fuera del procedimiento de asilo». Es decir, añade, «cuando el marco del asilo no se aplica, la persona está abocada a un procedimiento de retorno» Y también «nos preocupan mucho los tiempos de retención y el acceso a los recursos, cuando no están de acuerdo con respecto a la decisión de que sea retornado».

Personas vulnerables

El Gobierno canario teme especialmente el impacto sobre las personas vulnerables. La directora general de Inmigración advierte de que no está claro qué ocurrirá con quienes presenten circunstancias de vulnerabilidad y no pidan asilo, ni cómo se detectarán situaciones de trata, violencia o especial desprotección en un plazo tan reducido. «Es que en 72 horas, que es el tiempo en el que se establece para un triaje, es imposible determinar eso», señala.

También ve lagunas en la protección de la infancia migrante. Asegura que el Estado no ha detallado qué refuerzo habrá en asistencia jurídica, intérpretes, traductores, mediadores culturales, recursos sanitarios y psicosociales o espacios específicos de acogida para menores no acompañados. Santana admite que Canarias solo puede «suponer» que el procedimiento con los menores se mantendrá en gran parte como hasta ahora porque el Estado no ha comunicado otra cosa.

El archipiélago reclama datos territorializados sobre plazas, centros de acogida, espacios previstos para el triaje, capacidad máxima de los dispositivos y mecanismos para declarar situaciones de crisis o presión migratoria. «Esta opacidad en los datos» y la falta de «lealtad institucional» colocan a las islas en una situación «muy complicada» para atender a las personas que llegan a sus costas.