El Gobierno ha recibido ya 549.546 solicitudes de inmigrantes que quieren acogerse al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha en abril, y de esas solicitudes se han admitido a trámite, de momento, 91.905. Los datos los ha aportado la Abogacía del Estado durante las vistas que se han celebrado en el Tribunal Supremo para debatir la suspensión cautelar del proceso de regularización que piden la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones de ultraderecha que esgrimen el supuesto “impacto” en los servicios sanitarios o la alteración del censo electoral que, aseguran, tendrá la regularización. La Abogacía, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita a Migrantes han rechazado que existan esos riesgos y se han opuesto, finalmente, a la suspensión.

Las vistas que ha acogido la Sala de lo Contencioso-Administrativo se enmarcan en los recursos que han presentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox y tres asociaciones (Hazteoír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica),contra el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Estas sesiones no estaban destinadas a debatir el fondo del asunto (si la norma es o no legal), solo si hay razones para paralizar el proceso de forma cautelar hasta que el Supremo resuelva las impugnaciones. Pero algunos de los recurrentes, como Vox y la Comunidad de Madrid, han cargado directamente contra la regularización, abundando en los argumentos con los que están oponiéndose políticamente al proceso. La Abogacía y las dos asociaciones contrarias a la suspensión les han reprochado que se basen en “fuentes abiertas” y datos no contrastados.

La previsión del Gobierno era que 500.000 personas que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. El plazo para solicitar acogerse a la regularización se abrió el 16 de abril y termina el 30 de junio y, con los datos aportados por la Abogacía y confirmados por el Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra de solicitantes supera ya ese número. Si se hiciera una extrapolación entre la cifra actual y las semanas que faltan para cerrar las solicitudes podría sumarse otro medio millón de personas, pero el ritmo de entrega de solicitudes ha caído ya mucho, a decir de los abogados, porque aunque falten papeles, como los antecedentes penales, la solicitud se puede haber cursado de igual modo.

Tras las vistas del Supremo, el departamento que dirige Elma Saiz ha informado de que el número total de solicitudes recibidas está todavía pendiente de filtrado y que, tal y como ocurrió en la regularización tras la dana de Valencia, pueden existir “duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales”. “El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España”, ha señalado el ministerio, que incide en que todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y que no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.

Por ahora, se han tramitado ya 146.675 expedientes y el filtro de la admisión lo han pasado 91.905 personas. Fuentes del ministerio explican que la diferencia entre una cifra y otra responde a casos pendientes de revisar, pero que se espera que estén resueltos en los próximos días.

El proceso está topándose con algunos escollos propios de la compleja tramitación y ha sufrido algunos retrasos, como la llegada de las cartas a los domicilios con el número de la Seguridad Social, como se había previsto. Semanas después de haber sido admitidas a trámite la solicitud de miles de personas empiezan a llegar tímidamente los primeros envíos postales con el número que facilitará su incoporación legal al trabajo, con las cotizaciones y los derechos previstos.