Antes de salir de su casa en Los Ángeles, Laura alza la mirada al cielo y susurra una plegaria: “Dios mío, hazme invisible”. Teme encontrarse con agentes migratorios, ser detenida y deportada a Guatemala. Es la misma oración que repite desde que llegó a Estados Unidos hace 40 años. Desde entonces, han pasado siete presidentes y múltiples intentos fallidos de regularizar a millones de indocumentados. Pero Laura sigue viviendo en las sombras, ahora con menos esperanzas que nunca de cambiar su situación migratoria.

Laura acepta hablar con EL PAÍS bajo la condición de ocultar su verdadera identidad. Uno de sus mayores miedos es terminar en el radar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha intensificado las redadas en el sur de California desde el verano. “Cúbreme con tu manto, que no me miren si andan por ahí esas personas”, suplica esta mujer de 60 años antes de dirigirse al transporte público para ir a ganarse la vida limpiando casas y oficinas.

Como tantos otros inmigrantes, ella echó raíces en Estados Unidos hace tiempo. Tiene tres hijos y cuatro nietos. Ha vivido más tiempo aquí que en Guatemala, una tierra que apenas reconoce en las fotos y en los videos que observa desde su celular. Desde que emigró, nunca volvió a su país, ni siquiera al sepelio de su padre. Después de cuatro décadas, esta mujer ha quedado suspendida entre dos mundos: ya no es completamente de su tierra natal, pero sin papeles tampoco siente que pertenece del todo al lugar donde vive.

“Llegué aquí y pensé que la vida me iba a cambiar, que iba a lograr algo”, hace recuento de su vida en Los Ángeles. “Es bien duro, bien difícil no tener papeles. Me pongo muy nerviosa al pensar en el ICE. A veces hasta me da dolor de cabeza, me duelen los huesos, me deprimo, me dan ataques de pánico”.

Fuera de la amnistía de Reagan
En Guatemala, la rutina de Laura era distinta. Dice que todo era mejor y más tranquilo. Asistió a la escuela durante un par de años, los suficientes para aprender a leer, escribir y a resolver operaciones básicas de matemáticas. A los 18 años, su madre emigró a California y, tiempo después, ella decidió seguirla. Atravesó México y cruzó ilegalmente la desértica frontera hasta llegar a EE UU. El reencuentro con su madre ocurrió en diciembre de 1986, un mes después de que el entonces presidente Ronald Reagan promulgara una amnistía migratoria que terminaría beneficiando a unos tres millones de indocumentados. Ella no pudo acogerse a esa oportunidad.

“Fui a una iglesia y le pregunté al sacerdote: ‘¿Será que pueden ayudarme para también agarrar la amnistía?’. Él me dijo: ‘No se puede porque acabas de llegar”, recuerda. El cura prometió avisarle por teléfono si surgía alguna otra opción, pero esa llamada nunca sucedió. Los intentos de alivios migratorios que surgieron desde los ochenta, incluyendo el que proponía Barack Obama en 2014 para los padres sin papeles (DAPA), fracasaron.

Para Laura, tampoco funcionó empezar un trámite de regularización a través de su hija mayor, de 33 años, nacida en EE UU. Su abogado revisó el caso y le propuso “esperar al cambio de Gobierno”, prolongando su espera hasta 2029.

“A mí me gustaría tener un trabajo mejor para ganar un poquito más de dinero, para ayudar a mi familia. Nomás le pido a Dios que me dé fuerzas y calma para esperar a alguien que nos quiera ayudar”, dice Laura, quien confía en que algún otro presidente, como lo hizo Reagan, abra un camino a la regularización.

Aunque le ha tocado abrirse paso cuesta arriba, Laura ha salido adelante por sus propios medios. A veces limpiando casas y oficinas; otras, cuidando niños o haciendo mandados. Ha criado sola a sus hijos: el padre de los tres, un mexicano, la abandonó cuando aún eran pequeños y nunca regresó. Pese a las dificultades, su hija mayor logró estudiar Psicología en una universidad del norte de California y su hijo cursó un par de semestres en una universidad comunitaria. Hoy, ambos asumen buena parte de los gastos del hogar.

El sueño de Laura es modesto: obtener un permiso de trabajo y ser contratada para asear una tienda grande. “A un empleado de limpieza de Costco le pregunté: ‘Oiga, ¿aquí qué se necesita para hacer este trabajo?’. Me dijo: ‘Papeles, ¿tienes?“.

“Trump ha sido muy malo con nosotros”
Durante décadas, la migración hacia Estados Unidos fue circular: trabajar unos años y volver al terruño. Pero el endurecimiento de la seguridad fronteriza, sobre todo después de los ataques terroristas de 2001, alteró ese patrón. Salir empezó a significar no retornar, ni siquiera para asistir a fiestas especiales, cuidar a familiares enfermos o enterrar a los padres. Mayores medidas de vigilancia en la zona limítrofe con México significaron que los cruces se volvieran más costosos y peligrosos. Ahora, las duras políticas de Donald Trump, enfocadas en deportar a la mayor cantidad de indocumentados y reducir los cruces, solo han profundizado el problema.

Varios estudios documentan cómo millones de indocumentados como Laura han echado raíces, con hijos ciudadanos, hipotecas y vínculos laborales. Según un análisis del Pew, dos tercios de los inmigrantes no autorizados (66%) habían vivido en Estados Unidos durante más de 10 años en 2017, un aumento respecto al 41% registrado una década antes. En el caso de los mexicanos, el patrón es aún más pronunciado: la gran mayoría (83%) ha permanecido en el país durante más de una década, mientras que solo el 8% ha vivido en EE UU durante cinco años o menos.

Hay alrededor de 675.000 guatemaltecos indocumentados en EE UU y el mayor éxodo ocurrió en la década de 2010. El caso de Laura es peculiar porque fueron pocos quienes se quedaron fuera de la amnistía impulsada por Reagan en 1986. Los que llegaron después han encontrado otras vías para regularizarse, ya sea a través de sus parejas, hijos, padres o hermanos. Ella, en cambio, no ha obtenido en 40 años un solo documento emitido por el Gobierno estadounidense.

Hace unos días acudió al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para solicitar una identificación, pero se la negaron por no tener un número de Seguro Social. Entonces fue a la calle Alvarado, en Los Ángeles, conocida por la presencia de falsificadores, y pagó 100 dólares por una credencial apócrifa. Se la exigían para registrarse en una clínica donde, sin cobrarle un centavo, le practicaron un procedimiento dental urgente. “Me atendieron, tenía muy infectada la boca”.

No era la primera vez que ella recurría a ese tipo de recursos, habituales entre muchos indocumentados. En los años ochenta pagó para obtener una tarjeta de Seguro Social falsa, una clave fiscal que le permitió trabajar en la cocina de un restaurante de comida china. Los falsificadores le dijeron que pertenecía a una persona fallecida. “Lo usé para trabajar, no para hacer cosas malas”, asegura.

Laura siente cerca el final de su vida laboral y, aunque nunca cotizó al Seguro Social, sueña con regresar algún día a Guatemala, construir una casa y pasar allá sus últimos años. “Va a ser como volver a otro país, porque todo ha cambiado”.

Al presidente Trump le envía un mensaje directo: “Que no sea ingrato, que nos ayude. Estamos aquí para contribuir a este país. Trump ha sido muy malo con nosotros. No tiene corazón, tiene endurecida la conciencia. No le duele hacerle daño a la gente”.

Mientras tanto, los agentes del ICE siguen rondando el vecindario de Laura. Una mañana reciente, cuando esperaba el autobús, vio una camioneta blanca con vidrios polarizados. Alcanzó a distinguir a cuatro agentes migratorios en el interior. El vehículo pasó lentamente frente a ella, entró a un estacionamiento y después regresó hacia la parada. Laura se levantó con discreción y caminó hacia otro lugar, tratando de no despertar sospechas. El bus llegó antes que los policías del ICE y pudo llegar al trabajo. Todo quedó en un susto.

Al día siguiente, antes de salir de su casa, volvió a mirar hacia el cielo para rezar: “Dios mío, hazme invisible, porque no puedo volver a mi país”. Está convencida de que sus plegarias han funcionado.