El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes que está llevando a cabo el Gobierno, tal como habían solicitado la Comunidad de Madrid, Vox y otras asociaciones ultras.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes (el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y la Asociación Libertad y Justicia) y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala –los autos correspondientes serán notificados durante los próximos días–, el Supremo también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox –el recurso de la Comunidad de Madrid ya fue admitido en abril–, pero, a la espera de que se resuelvan sendos recursos, el Alto Tribunal ha rechazado la suspensión cautelar de dicha medida.

El Gobierno madrileño presentó este recurso al considerar que el decreto “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios”. Además, “contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional”. Por su parte, el partido de Santiago Abascal, enfrascado en su discurso sobre la “prioridad nacional”, también se sumó a la ofensiva contra las personas migrantes en el Supremo.

Más de medio millón de peticiones
El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta este jueves, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

Así lo ha informado este mismo viernes la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, que ha pedido mantener una medida destinada a lograr “la integración de las personas que ya están en España” desde antes del pasado 1 de enero y llevan en el país al menos cinco meses antes del momento de la solicitud, como marcan los requisitos.

Frente al recurrente argumento del PP y la extrema derecha, el abogado del Estado ha destacado el carácter “especialmente limitado” del proceso y sus efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, apoyándose para ello en informes del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.