Dentro del catálogo de normas de la legislación española, hay una fórmula que podría evitar muchas de las penurias y de la muertes de quienes tratan, cada día, de cruzar el Atlántico o el Mediterráneo para alcanzar territorio español y ponerse a salvo. Se trata del visado humanitario, recogido en el artículo 38 de la Ley 12/2009, que regula el derecho de asilo y de la protección subsidiaria en España. Esta fórmula permite a las personas refugiadas en terceros países solicitar a las embajadas o consulados españoles el traslado para tramitar aquí su protección internacional. Sin embargo, según Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) concede este visado “de forma muy restrictiva”. Este periódico ha tratado de contrastar dicha afirmación con Exteriores, sin haber obtenido respuesta.

Según la experta, la razón por la que estos visados se dan a cuentagotas no se debe a la complejidad de los requisitos que exigen las embajadas. La dificultad estriba, más bien, en la disponibilidad de estos documentos, que muchas veces se extravían en el proceso migratorio. Entre el papeleo solicitado están los documentos que certifican la identidad del solicitante, informes médicos y las pruebas que puedan aportar sobre la persecución que sufre. De acuerdo a la ley, este salvoconducto puede ser tramitado “siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la Representación diplomática y corra peligro su integridad física”.

Este es el caso de algunos ciudadanos afganos refugiados en Pakistán unos 1,5 millones, según ACNUR, de los gazatíes que han quedado atrapados en Egipto unos 100.000 según datos de la Embajada palestina en Egipto o de los sirios pertenecientes a minorías étnicas kurdos, yazidíes, drusos o alauíes que o bien han huido a Líbano tras el cambio de régimen en su país o han decidido permanecer en este país pese a la guerra con Israel. En este caso, la cifra oscila entre los 800.000 registrados por ACNUR y el millón que estima el Gobierno libanés.