El ministro de Justicia galo, Gérald Darmanin, aboga por una suspensión durante tres años de la inmigración legal en el país. Francia ha llegado «al límite de sus capacidades de integración y asimilación», argumentó en una entrevista publicada este domingo en el diario ‘Le Journal du Dimanche’, donde el dirigente conservadores –que entre 2020 y 2024 ejerció como titular de Interior– planteó acabar con «la inmigración tal como la conocemos en la actualidad».

Darmanin defiende la necesidad de una «moratoria» que, a efectos prácticos, consistiría en una disminución de las personas extranjeras que llegan al territorio galo de manera legal. Aseguró que no aspira a una aplicación a corto plazo de su propuesta, dado que considera que «la campaña de las elecciones presidenciales» previstas en la primavera de 2027 «deberá zanjar esta cuestión». Teniendo en cuenta el auge electoral de la extrema derecha de Marine Le Pen, la cuestión migratoria será probablemente uno de los principales temas de debate durante la próxima carrera hacia el Elíseo, de la misma manera que lo es ya en la mayoría de los países de Europa.

El ministro de Justicia propone reducir las posibilidades de la reagrupación familiar para las personas migrantes. En concreto, pide que los permisos de residencia no les den la posibilidad de instalarse en Francia con los principales miembros de su familia. Además, apuesta por limitar la concesión de esos documentos a motivos laborales y crear cuotas en función de la demanda del mercado. «Necesitamos una fuerte disminución de la inmigración», sostiene Darmanin, que es uno de los representantes más conocidos del ala derecha del macronismo. Ya había impulsado en 2023 una controvertida ley migratoria que fue censurada parcialmente por el equivalente galo del Tribunal Constitucional.

Otra de las propuestas de Darmanin consiste en la organización de un referéndum. Esa votación decidiría sobre una reforma constitucional en aras de restringir las posibles vías legales para la entrada de migrantes en Francia. «Nunca he tenido miedo de dar la palabra al pueblo. Tenemos que cambiar la Constitución», declaró en las páginas de ‘Le Journal du Dimanche’, donde no aclaró si se presentará a las próximas presidenciales.

Después de que se hubiera especulado durante años con esa hipotética candidatura e incluso el expresidente conservador Nicolas Sarkozy –Darmanin fue uno de sus lugartenientes hasta 2017– la apoyara en público, la posibilidad de que el actual titular de Justicia participe en la próxima carrera hacia el Elíseo cotiza a la baja en estos momentos. El ex primer ministro Édouard Philippe, según él, «es ahora mismo el mejor posicionado» en un debilitado y dividido espacio macronista. Unas declaraciones que abren la puerta a que respalde su campaña en lugar de la de Gabriel Attal, oficializada el pasado viernes.

Con su propuesta, Darmanin busca que los aspirantes del centro – derecha en los próximos comicios –el presidente, Emmanuel Macron, no podrá presentarse debido al tope constitucional de dos mandatos– apuesten por políticas duras y restrictivas en materia migratoria. Históricamente, la extrema derecha de Le Pen era la única fuerza que defendía una reforma de la Carta Magna para restringir las vías legales para trasladarse a vivir a Francia. Pero la derecha tradicional de Los Republicanos apuesta por una medida parecida desde hace unos años. Y, ahora, también lo hace este conocido representante macronista.

El número de ciudadanos extranjeros que llegaron a Francia de manera legal ha aumentado alrededor de un 25% durante la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios (INSEE). El porcentaje de población migrante en el país vecino alcanza el 11,1%. A pesar de que se trata de un dato inferior al de España (15%), el auge electoral e ideológico del lepenismo condiciona a las formaciones de derecha y centro – derecha. Estas reaccionan endureciendo sus postulados en materia migratoria.

Es una tendencia compartida por la mayoría de los dirigentes europeos, desde el conservador Friedrich Merz en Alemania hasta los socialdemócratas en Dinamarca o el Reino Unido. La decisión del Gobierno español de regularizar a medio millón de trabajadores sin la documentación en regla representó una medida a contracorriente respecto a la actual coyuntura en el Viejo Continente. De hecho, esa política suscitó acaloradas reacciones en la clase política gala. La extrema derecha puso el grito en el cielo, mientras que la oposición de izquierdas la elogió y pidió al gabinete de Macron y Sébastien Lecornu (primer ministro) que siguiera el ejemplo de Pedro Sánchez, algo que difícilmente sucederá.