El Gobierno de Castilla y León tiene muy claro lo que debe hacer ante la regularización masiva de inmigrantes impulsada por Sánchez y su Ejecutivo:

recurrir al Supremo

con independencia de las decisiones que pueda adoptar el Alto Tribunal sobre otros recursos planteados contra esta medida.

“Castilla y León tiene su propia hoja de ruta”

, ha dicho este viernes el portavoz de la Junta,

Carlos Fernández Carriedo

, quien ha avanzado que el Ejecutivo que preside Mañueco presentará un recurso basado en

argumentos propios

que no tienen por qué coincidir con los esgrimidos por otras administraciones o entidades.

El también consejero en funciones de Economía y Hacienda asegura que el objetivo no es

solicitar medidas cautelares,

sino

impugnar el fondo

de la norma

que se considera que existen

dudas sobre el cumplimiento de los requisitos

exigidos para acceder al proceso de regularización.

Al respecto, Fernández Carriedo detalla que uno de los principales argumentos del recurso será que el procedimiento diseñado por el Gobierno

no garantiza

de forma suficiente la comprobación objetiva de las condiciones exigidas a los beneficiarios.

Además, la Junta entiende que

la medida puede afectar a la normativa europea en materia de libre circulación

dentro del espacio comunitario al tratarse de una decisión adoptada unilateralmente por un único Estado miembro.

El Tribunal Supremo estudia este viernes si paraliza de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno para dar papeles a alrededor de medio millón de personas, mientras resuelve los recursos planteados por la Comunidad de Madrid, Vox, colectivos como Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas

500.000 personas que ya viven en el país;

en las primeras dos semanas se registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.