El Govern balear presidido por Marga Prohens sigue la estela de Isabel Díaz Ayuso y este viernes ha autorizado  a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar un recurso contencioso – administrativo ante el Tribunal Supremo contra el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Además de la interposición del recurso, el Govern solicitará la suspensión cautelar del decreto mientras se resuelve el procedimiento judicial. Precisamente el Supremo estudia hoy la posible paralización del proceso.

Baleares alega la posible afectación inmediata que esta medida puede tener sobre los servicios públicos esenciales de la comunidad, según ha destacado el vicepresident del Govern antes los periodistas.  Prohens cree que esta medida se ha aprobado sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una valoración de impacto presupuestario que permita realizar una previsión real de las consecuencias sociales, económicas y administrativas que tendrá sobre los territorios, Cree que habrá incremento de la presión sobre los diferentes servicios públicos debido al “efecto llamada” que podría derivarse de este proceso.

Las diferentes conselleries han alertan en un informe de que el Estado no ha aportado datos fiables ni una estimación clara sobre el número de personas que podrían verse afectadas por esta regularización, motivo por el que cualquier previsión es aproximada y orientativa. Apuntan esta medida se ha aprobado “sin consenso con las comunidades autónomas”, sin debate parlamentario y sin una valoración de impacto presupuestario.

En su opinión, estas circunstacias impiden realizar una “previsión real” de las consecuencias sociales, económicas y administrativas que tendrá sobre los territorios, especialmente por el incremento de la presión sobre los diferentes servicios públicos debido al” efecto llamada” que podría derivarse de este proceso.

El Govern recuerda que las Balears vive una situación de fuerte presión migratoria y que los servicios de atención a menores llevan tiempo saturados.  El Ejecutivo autonómico también considera que esta regularización masiva va en dirección contraria a la tendencia actual de la mayoría de los países europeos,” que están reforzando las políticas de control de fronteras, ordenación de los flujos migratorios e integración efectiva”.

La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central podría beneficiar a entre 20.000 y 25.000 personas en Baleares, según las estimaciones de BBVA Research, que calcula además que el impacto económico de la medida supondría un aumento de hasta medio punto del PIB autonómico durante el próximo año.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha mantenido una posición de rechazo frontal a la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Govern considera que la regularización “masiva e indiscriminada” puede agravar el “efecto llamada” y aumentar la presión sobre los servicios públicos y las oficinas de Extranjería en las Islas.

Baleares cerró 2025 con un récord histórico de inmigración irregular por mar. Según los datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno, llegaron al archipiélago entre 7.300 y 7.400 migrantes a bordo de unas 400 pateras, un 24,5 % más que el año anterior. Mallorca y Formentera concentraron la mayoría de las llegadas.