Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración irregular mediante el uso de documentación falsa en los trámites de Extranjería en España. El entramado, que contaba con una red de empresas, gestorías y bufetes de abogados para formalizar esos trámites, ofrecía a los migrantes un «pack» completo de regularización por cantidades que oscilaban entre los 5.000 y los 10.000 euros. En la operación se ha detenido a 19 personas en la provincia de Vizcaya (18) y en la ciudad de San Sebastián (1), entre las que encuentran los principales responsables de la organización y hay seis abogados.

Fue en julio de 2025 cuando responsables de la Subdelegación del Gobierno de Vizcaya, que participan en parte de los trámites de Extranjería, detectan «una decena» de expedientes que les «chirrían». Es ahí cuando lo comunican a la Jefatura de la Policía Nacional en el País Vasco y comienzan las indagaciones, que llevan a judicializar el caso en el mes de diciembre. Así detectaron un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales presentadas por ciudadanos marroquíes y argelinos, en las que se aportaban papeles presuntamente falsificados entre la documentación exigida. Las pesquisas permitieron identificar un entramado que disponía de colaboradores encargados de facilitar la obtención de documentación necesaria para dichas regularizaciones. Asimismo, contaba con una red de empresas, gestorías y bufetes de abogados utilizados para formalizar los trámites de extranjería. Principalmente, se dedicaba a la elaboración y presentación de empadronamientos falsos, certificados fraudulentos de cursos de formación, extractos bancarios manipulados y otra documentación necesaria para la obtención de permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Hay 118 casos acreditados, habiéndose concedido 42 permisos de residencia mediante estas irregularidades
Para ello, la organización contaba con una estructura jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas. Algunos miembros se encargaban de captar clientes mientras que otros localizaban domicilios donde realizar empadronamientos ficticios, disponiendo de esta manera de una red estable de domicilios utilizados para llevar a cabo los diversos trámites. A cambio, solicitaba cantidades económicas que oscilaban entre los 5.000 y los 10.000 euros por migrante. Durante el transcurso de la investigación, los agentes han logrado identificar un total de 118 episodios de falsedad documental, habiéndose concedido al menos 42 permisos de residencia como consecuencia de esas actuaciones.

Conectada con Argelia

En cuanto a los bufetes de abogados, facilitaban a sus clientes la posibilidad de tramitar permisos de residencia en España sin necesidad de encontrarse en territorio nacional. Para ello, era suficiente el envío de fotocopias de pasaportes, empadronamientos, aperturas de cuentas bancarias o justificantes médicos. Asimismo, se detectaron gestorías dirigidas por los abogados investigados, las cuales eran piezas clave dentro del entramado criminal. Además, según informa la Policía Nacional, la organización podría mantener vínculos directos con la llegada de pateras a las costas españolas procedentes de Argelia, siendo una fuente directa de captación de migrantes.

La operación policial ha culminado con la detención de un total de diecinueve personas, entre las que se encuentran los principales cabecillas de la organización criminal. Del mismo modo, los agentes llevaron a cabo el pasado 6 de mayo la entrada y registro en dos gestorías y un bufete de abogados, en los que se han intervenido más de catorce mil euros en efectivo, abundante material informático, documentos falsos y diversa documentación relacionada con actividades investigadas. A los detenidos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.