La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que estafaba a inmigrantes en situación irregular con documentos falsos en el País Vasco. La trama, integrada entre otros por seis abogados de cuatro gestorías ―tres en Bilbao y una en San Sebastián, según detallan fuentes policiales―, cobraba entre 5.000 y 10.000 euros a las víctimas a cambio de un “pack” completo de regularización. La operación, iniciada en julio de 2025, se saldó hace dos semanas con un total de 19 detenidos y aún sigue abierta.

Un captador, que figura entre los arrestados, localizaba a las posibles víctimas y las derivaba a las gestorías y bufetes, donde los abogados les proporcionaban los padrones, cursos de formación, informes médicos o extractos bancarios fraudulentos. Con esos documentos, los migrantes intentaban justificar su arraigo en España ante la Administración y así poder tener acceso a la regularización aprobada por el Gobierno.

En total se han acreditado 118 casos de fraude por parte de la organización criminal ya desmantelada, todos a personas de origen africano. Un 90% de las víctimas son marroquíes, una decena de tunecinos y otros 10 argelinos. La trama concedió al menos 42 permisos de residencia gracias a la labor de algunos miembros de la organización que se encargaban de localizar domicilios para realizar empadronamientos ficticios.

La operación comenzó en el verano de 2025, cuando las subdelegaciones del Gobierno detectaron un “incremento inusual” de las solicitudes de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. En estas solicitudes es donde los inmigrantes aportaban documentos presuntamente falsificados.

A raíz de estas irregularidades, los agentes pusieron en marcha diversas gestiones de investigación junto con varios ayuntamientos y la propia subdelegación del Gobierno de Vizcaya, y así lograron determinar la existencia de la estructura criminal. Tras acumular los indicios, el pasado siete de mayo tuvieron lugar tres registros en dos gestorías y un bufete de abogados. Durante la operación se intervinieron más de 14.000 euros, material informático y documentos falsos.

La investigación continúa abierta tras estas 19 detenciones. Fuentes policiales advierten que este es un tipo de delito “muy difícil de acreditar y que requiere una investigación muy minuciosa”. A los detenidos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, de momento han quedado en libertad con cargos tras ser puestos a disposición judicial.