España necesita inmigrantes para seguir creciendo económicamente. Este es el mensaje con el que el Gobierno modificó hace más de un año la Ley de Extranjería para permitir que las personas de origen foráneo que viven en España en situación irregular tengan más facilidades para regularizarse.

Transcurridos 365 días del cambio normativo, se han registrado 1,6 millones de peticiones para residir y trabajar en España, contabilizadas entre mayo del 2025 y abril de este 2026. Esta cifra supone un 32,4 % más que el año anterior. Cabe destacar que estas solicitudes son ajenas a la regularización extraordinaria que el Gobierno aprobó hace unas semanas y con las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que alrededor de medio millón de personas que viven en el país en situación irregular puedan acceder a la residencia legal.

Cambios normativos

En el 2025, el Gobierno cambió la Ley de Extranjería para permitir que más personas accedieran a un permiso temporal para vivir y trabajar en España, creando tres nuevas figuras de arraigo: por segunda oportunidad para personas que han tenido una autorización de residencia y la han perdido, el sociolaboral y el socioformativo. Vías que se sumaron a las ya existentes: el arraigo social y familiar.

Junto a ello, se redujo un año el período exigido para acceder a esta figura, de manera que actualmente solo se necesita demostrar que se ha vivido dos años en el país, salvo para el arraigo familiar, para el que no hay período mínimo de residencia.

Desde el 2022, el número de personas regularizadas a través de esta vía y que, por tanto, pueden trabajar y cotizar a la Seguridad Social, supera las 750.000, pero en la actualidad únicamente 241.000 inmigrantes están trabajando. Esto se debe a que muchas de estas autorizaciones ya no están en vigor, ya sea por renuncia del extranjero o porque se ha modificado su estado.

El 70 % de expedientes, resueltos

Esta flexibilización de la normativa ha permitido, un año después, resolver 1,4 millones de expedientes de extranjería, lo que supone un 25 % más que en el año anterior, según cifras del Ministerio de Inclusión. De esta manera, siete de cada diez expedientes resueltos lo hacen al amparo del nuevo reglamento de extranjería.

De ellos, el 75 % se refieren a solicitudes iniciales, mientras un 16,5 % corresponden a renovaciones y el 8,2 %, a larga duración. Dentro de las iniciales, las más comunes son residencia temporal por circunstancias excepcionales (398.293), residencia temporal (334.055) y estancia en España (169.949).

La mitad, de América

En cuanto a las nacionalidades de los solicitantes, más de la mitad (el 56 %) proceden del continente americano (822.901); el 29 %, de África (432.556); el 11 %, de Asia (141.559) y el 4 % restante de Europa (62.447).

La Seguridad Social destaca que estas cifras están detrás de los buenos datos de afiliación extranjera de abril, que avanzó un 8,4 %, hasta situarse en 3,2 millones afiliados de media. «Estas personas son claves para alcanzar la cifra histórica de 22,1 millones de personas que hoy están afiliadas a la Seguridad Social», defiende la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

El Ministerio de Seguridad Social prevé que 300.000 personas extranjeras puedan regularizar su residencia en nuestro país hasta el 2028 con la flexibilización de la ley de extranjería. Desde el departamento que dirige Elma Saiz advierten de que España pierde 17.000 millones de euros y un 1,3 % del producto interior bruto (PIB) por la discriminación laboral y educativa.