Después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo Juanma Moreno se ha metido «en el lío» posible de

pactar con Vox

algunas medidas para conformar Gobierno, como ha pasado en

Extremadura y Aragó

n. Los de Abascal ya han avisado de que harán valer sus votos para impulsar su

«prioridad nacional».

Un concepto que en el asunto sanitario se torna de lo más complejo. En los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón se contempla, entre otras medidas, la prioridad nacional sanitaria para

«excluir del acceso

a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en

situación irregular

, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital».

Andalucía cuenta con el

servicio de salud público más grande

de España: da cobertura a cerca de ocho millones de usuarios. Anualmente, atiende a

700.000 personas extranjeras c

ensadas en la comunidad, lo que representa aproximadamente el 8,7% de la población andaluza. Del total de estas asistencias, las personas en situación administrativa irregular suponen una proporción mínima, representando históricamente en torno a un

1% de la demanda sanitaria total

, según información de la Junta de Andalucía.

Estos datos ponen de manifiesto que la atención a la población migrante no es causa de la presión asistencial que sufre el Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Otra cosa es el

turismo sanitario

», incide Eduardo Satué, presidente de la

Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS).

En todo caso, insiste en que «desde un

criterio ético

, entendemos que no se puede dejar a una persona enferma sin atender pues contraviene los principios fundamentales y los derechos humanos». Además, recuerda que «la asistencia sanitaria universal para todos los ciudadanos está

recogida en la Constitución

», independientemente de su situación laboral o administrativa. Y, aunque la Constitución no menciona literalmente la palabra «universalidad», este principio se articula como el

eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud

(SNS) mediante la Ley 14/1986, General de Sanidad. Hay que tener en cuenta, además, que en marzo de este año el Gobierno dio luz verde al

real decreto que refuerza ese principio de universalida

d al garantizar la sanidad pública a los extranjeros sin residencia legal en las mismas condiciones que un ciudadano nacional como antesala al proceso de

regularización de medio millón de inmigrantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente de SESPAS duda de que Vox pueda imponer sus postulados sanitarios en las comunidades autónomas y subraya que, más allá del debate jurídico, habría que pensar en las consecuencias de

negar la atención sanitaria

a la población migrante. «Para que la prioridad nacional sanitaria fuera realmente eficiente económicamente, habría que excluir a la población migrante irregular de todos los servicios sanitarios, incluso los de urgencias», porque «no tratar a un paciente no elimina el problema, lo empeora, y tendría que r

ecurrir a Urgencias

, lo que tendría un mayor coste para el sistema». «Solo una noche de hospital cuesta más dinero que cualquier tratamiento que se pudiera dispensar desde

Atención Primaria

», apostilla. Para explicarlo, este experto en Salud Pública pone un ejemplo: «Un

paciente diabético

, si no lo tratamos, va a desarrollar graves problemas en el riñón, en la vista y va a infartar… Habría que ingresarle de urgencia y operarle, que cuesta muchísimo más dinero que si en un centro de salud se le da una pastilla de metformina que cuesta dos euros».

Peligro colectivo

Satué indica que la prioridad nacional sanitaria no solo tendría consecuencias nefastas para el enfermo a nivel individual, sino también para todo el conjunto de la ciudadanía «simplemente teniendo en cuenta las

enfermedades infecciosa

s», que, de hecho, «se están convirtiendo en uno de los principales problemas de la Salud Pública». «Ni es ético, ni eficiente y además, es

contraproducente

para lo que buscamos en las sociedades, que es tener una mejor calidad de vida».

Satué incide en que el verdadero reto del sistema sanitario es el

aumento de la esperanza de vida,

no la población migrante: «Los que vienen suelen ser jóvenes y sanos con muchos menos problemas de salud, a priori, que

personas mayores más propensas a la comorbilidad

y que ya representan en torno al 20% de los usuarios del sistema.

Se ha comprobado que las personas migrantes que llegan a España

acuden con poca frecuencia

a los centros de salud y hospitales. De acuerdo a los informes internos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la utilización de servicios de salud es menor entre la población migrante, y destacan las consultas a urgencias, las especialidades hospitalarias y las consultas preventivas.

Concretamente, el 17% de la población migrante declara haber utilizado servicios de

urgencias hospitalarias

en el último año desde la realización de la Encuesta Europea de Salud en España (EESE), frente a un 21% de la población española. Además, un 23% de personas migrantes declaran no haber

consultado nunca a especialistas

médicos frente al 5% de población nacida en España. Con respecto a la

prevención,

un 9% de la población migrante reporta haber sido

vacunada en la última campaña de la gripe

frente al 23% de la población española. Un 15% de personas de la población migrante declaraba no necesitar asistencia frente a un 6% de personas nacidas en territorio español, de acuerdo al informe técnico «Salud de las personas migrantes internacionales en Andalucía».

Actualmente, las personas que no tienen permiso de residencia pueden tramitar la asistencia sanitaria, siempre que lleven en España tres meses, mediante el Real Decreto de Asistencia Sanitaria de 2018. Solo basta con una

declaración responsable q

ue indique que no puede exportar el derecho a asistencia sanitaria y que no existen terceros obligados al pago de la cobertura sanitaria prestada. Si lleva menos de tres meses en nuestro país,

no tiene residencia lega

l establecida y es una persona sin recursos, se debe registrar como desplazado externo en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), que expedirá un certificado de datos o reconocimiento temporal del derecho a la asistencia sanitaria y es

válido solo para tres meses.

No obstante, puede solicitarse de nuevo una vez pasado el plazo.

Todos estos asuntos, concluye el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública, son de principal interés y se van a tratar, analizar y debatir en el próximo congreso que la

Asociación de los Juristas de la Salud

va a celebrar en Santander, en el Palacio de Festivales, los días 27, 28 y 29 de mayo.