Los colectivos sociales y provivienda, Derecho al Techo, Observatorio Desca y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Fuerteventura han presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que busca tumbar el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en marzo de este año, el 23/2026, y que modifica los requisitos de acceso a una vivienda pública. El texto exige, entre otras cosas, doce años de residencia continua en las islas para poder optar a una vivienda pública; si es discontinua se piden quince años y además cinco de arraigo en el municipio correspondiente donde se promocione esas casas.

La modificación de las islas es actualmente la normativa más exigente de todo el Estado. De hecho, ha sido objeto de debate en el Parlamento de Canarias, donde algunos partidos han afeado a CC que critique la prioridad nacional de Vox y luego exija 12 años para lograr una vivienda pública, dejando fuera a numerosas personas.

Los colectivos que han presentado el recurso entienden que la norma de Canarias no solo excluye a personas migrantes sino que deja fuera a ciudadanos canarios, trabajadores y con menos recursos. Como explican fuentes de Derecho al Techo, varios artículos del decreto son «discriminatorios» y es necesario recurrir a la Justifica para tumbarlos. Para ellos, este decreto se ha redactado con la premisa de ‘los canarios primero’ que es la misma en la que se basa la prioridad nacional de Vox.

Como apuntan, además de la exigencia de los 12 años, deja fuera a personas cuyo alquiler esté a punto de acabar y excluye a personas que hayan sido objeto de desalojo o desahucio. «No podemos permitir que este decreto, con estas condiciones, sigua aplicándose», indican estas fuentes.

Desde Derecho al Techo ya habían advertido, cuando se aprobó el decreto que era «ilegal» al vulnerar normas de rango superior como el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución Española., que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Desde Derecho al Techo critican además que los municipios donde se construya vivienda pública puedan dar opciones de acogerse a los ciudadanos de dos municipios más, limitando las opciones a solo una séptima parte de los municipios de la isla de Gran Canaria.

Estos colectivos llaman al Gobierno de Canarias a sacar al mercado vivienda pública y dejarse de «mensajes electoralistas» y anuncios de viviendas en construcción que no están saliendo al mercado y a las que las familias no acceden.