CAF ha sido denunciada ante la Fiscalía por vulnerar los derechos humanos con sus negocios en el territorio palestino ocupado. Los efectos de las operaciones de la compañía en un contexto de colonización y apartheid, tantas veces puestos en cuestión por diferentes organizaciones sociales en los últimos años mediante campañas y movilizaciones ante la junta de accionistas, pasan ahora también a la arena jurídica. El caso, que ha tenido cierto recorrido mediático, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de concretar la responsabilidad criminal de las grandes corporaciones y de sus directivos. Y a la espera de que el ministerio fiscal decida si procede llevar la denuncia ante las autoridades judiciales, mientras investiga la conducta expuesta sobre la compañía, supone un paso importante para luchar contra la impunidad empresarial.

Lo atestiguan los últimos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, las numerosas resoluciones de Naciones Unidas y los recientes dictámenes e informes de relatoras y expertos independientes de la ONU. Lo que está pasando en Palestina es un genocidio y las empresas que siguen desarrollando sus negocios en ese marco son corresponsables de crímenes internacionales. Más allá de las responsabilidades que puedan tener los Estados por apoyar, por acción u omisión, la comisión de delitos económicos y ecológicos, las propias empresas son sujetos de responsabilidad jurídica. Y no pueden alegar un error invencible para desentenderse de su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales. La asesoría jurídica del ministerio de Asuntos Exteriores ya reconoció hace años que las operaciones de CAF en territorio palestino ocupado podían constituir una violación del derecho internacional. Así quedó recogido en el dictamen del Punto Nacional de Contacto que, a la vez, se escudaba en la falta de mecanismos vinculantes a nivel internacional para poder responsabilizar jurídicamente a la empresa por sus impactos. En lo que trata de avanzar la denuncia contra el consejo de administración de CAF es, precisamente, en esta exigencia de responsabilidades.

El informe Albanese ha mostrado al mundo, con nombre y apellidos, a las grandes compañías que se lucran con la aniquilación del pueblo palestino. Unas contribuyen a la fabricación de armamento, otras financian el exterminio, algunas son colaboradoras y otras más cooperadoras necesarias de la ocupación. Todas ellas, directa o indirectamente, sostienen una masacre que les renta importantes dividendos. Mientras tanto, el Estado de Israel continúa impugnando el derecho internacional: el «acuerdo de paz» promovido por Trump solo ha servido para cargar de razones a Netanyahu, que ha seguido con los bombardeos y los ataques indiscriminados a la población civil en Irán y Líbano, además de aprobar la pena de muerte exclusiva para palestinos. CAF se declara «firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los derechos Humanos en todas sus operaciones», pero los informes de la relatora de la ONU demuestran cómo «varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentalmente para establecer y ampliar las colonias y conectarlas con Israel al tiempo que excluyen y segregan a los palestinos».